La propuesta es impulsada por el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, tras el argumento de que pretende asegurar la sustentabilidad de los recursos marinos, así como el acceso a la actividad pesquera, sus regulaciones y fiscalización.Sin embargo, el proyecto de ley encuentra oposición en pescadores artesanales y organizaciones ciudadanas, algunas de ellas indígenas, las cuales señalan que los objetivos reales  son entregar esa fuente de alimentación a siete familias y con posibilidades de ser heredada, lo que se traduciría en un dominio del sector a perpetuidad.Este lunes, unos 50 mil pescadores artesanales iniciaron un paro de labores y prometieron que radicalizarán las manifestaciones en caso de no ser escuchados por las autoridades.En días recientes, organizaciones ambientalistas se opusieron a que el proyecto de legislación reciba luz verde en la Cámara alta.La Consejera Política de Greenpeace, Elizabeth Soto, consideró necesario que un texto de ese tipo se revise con el tiempo y la rigurosidad necesarios, pues estará vigente por no menos de 10 años.»Implicará cambios profundos en distintos aspectos de las pesquerías, en especial la recuperación de los recursos, con importantes implicancias socioeconómicas a largo plazo», consideró Soto.Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, señaló que «la actual situación es similar a lo que ocurrió en la última etapa de la tramitación del proyecto de ley sobre institucionalidad ambiental, al final del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.»En ese momento se optó por llegar a un acuerdo político que impidió discutir el fondo de las indicaciones al proyecto, y se sacó una ley de manera apresurada, que adolece de una serie de defectos, como se ha demostrado con el tiempo», recordó Liberona.La directiva consideró fundamental que el ministro de Economía, Pablo Longueira, retire la urgencia del proyecto y no insista en repetir la política de acuerdos como en la ley ambiental.Es necesario que se dé espacio para discutir a fondo las indicaciones al proyecto de ley, escuchando e incorporando el punto de vista de todos los interesados, y no solo de los representantes de la industria, subrayó la directora ejecutiva.Para la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, que agrupa a unos 120 mil hombres de mar, el proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre y el respeto a las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a consorcios privados.También el director de la organización Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, ha denunciado la manera en que ha transcurrido a lo interno del Senado la negociación del documento.»Esta es una nueva señal de que la tramitación del proyecto de nueva Ley de Pesca está viciada y que la decisión ya está tomada binominalmente entre los sectores de la Concertación, los grandes empresarios pesqueros y la derecha», expresó.En opinión de Cárdenas, solo se consultará a los pueblos originarios vinculados a la pesca luego de que el documento reciba el visto bueno del pleno del Senado, fórmula que viola el anterior compromiso de negociar primero en las regiones y vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.