Las Comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto emitieron dictamen favorable para  la iniciativa que modifica la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas, que este miércoles será debatida en el recinto de la Cámara baja.

El texto, que endurece severamente las penas para ese delito y ya cuenta con sanción del Senado, recibió el apoyo unánime de todos los bloques de la Cámara baja, en una reunión de comisión que se extendió por poco más de dos horas.

El debate del proyecto fue incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, luego de conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón.

Luego del fallo de la justicia tucumana diversos sectores que pidieron avanzar con las modificaciones a la ley de trata, que se encuentran en la Cámara de Diputados y que cuentan con sanción del Senado.

El proyecto cuenta con sanción del Senado y que contempla ampliar las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años, mientras que la agravada establecía penas de prisión de 5 a 15 años cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad.

Fuentes parlamentarias descuentan que el proyecto será convertido en ley el miércoles, ya que cuenta con el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, que se comprometieron a debatir la iniciativa y aprobarla en el recinto lo antes posible.

“Este proyecto, con media sanción, viene a modificar para mejorar la ley existente a partir de la aplicación de la misma», aseguró el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien indicó que «por ese instrumento de la ley de trata, por ese instituto, hoy en la Argentina podemos decir que hay cerca de cuatro mil chicas liberadas”.

En tanto, desde la oposición, los diputados de la UCR, el FAP y el PRO se comprometieron a «facilitar» el debate y a «aunar criterios» para que el proyecto sea convertido en ley «lo antes posible» y con la «mayor legitimidad». La modificación plantea más derechos para las víctimas porque, además de buscar condenar a los culpables del delito, intenta dar un salto en la prevención.

Para las víctimas que tienen que testificar en un juicio, la nueva propuesta modifica el Código Procesal Penal para que las declaraciones sean realizadas por un psicólogo designado por el tribunal y en ningún caso por las partes.

Otro de los puntos principales de la modificación es que el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal para los autores del delito.

Además, ordena la creación de un registro de estadísticas, sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardar los datos durante diez años, con fines de investigación; y las penas de las penas.