La audiencia, que empezó a las 10 en punto en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, cuenta con la presencia de representantes de diez organizaciones intermedias, de las cuales cinco expondrán a favor del planteo del Estado respecto a la constitucionalidad de la ley, y cinco en respaldo de la posición del grupo empresario Clarín.

Además, estuvo presente la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que fue aceptada como amigo del tribunal (amicus curiae), en este caso de la Corte, para esta audiencia, y representantes del Estado Nacional y del Grupo Clarín, aunque se cree que las partes recién expondrán mañana.

La Corte  recibió a diez ONG, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en la audiencia informativa que busca ser el paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del holding de medios sobre dos artículos de la Ley de Medios, sancionada hace casi cuatro años. 

La Corte escuchó a las diez organizaciones no gubernamentales que actuaron como «amicus curiae» (amigos de la Corte), que son terceros sin tener parte directa en el litigio. 

Cinco de ellas respaldaron con sus exposiciones el argumento del Estado y las otras cinco avalaron el planteo de inconstitucionalidad de Clarín. 

El primero en exponer fue el representante del grupo Clarín en nombre del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Asdrúbal Aguiar, quien sostuvo que la ley de Medios «propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos». 

Le siguió el titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, que en aval al planteo del Estado sobre la constitucionalidad de la Ley aseguró que Clarín es un «monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica» y «en la sobrecarga de información banal e inútil». 

En apoyo de la posición del Estado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, planteó la necesidad de un Estado que establezca un sistema «protector de libertades y derechos», que «limite» los derechos individuales en beneficio del «interés general». 

En tanto, los «amigos del Tribunal» elegidos por el grupo Clarín para defender su postura, Luis Pardo y Carlos Laplacette, de Adepa, sostuvieron que «los artículos 41, 45, 58 y 161 (de la ley de Medios) representan una conculcación de derechos constitucionales en relación con la libertad de expresión y la igualdad ante la ley y eso es un grave retoceso para la sociedad».

En apoyo de la voz del Estado, representando a la Universidad Nacional de Lanús, Víctor Abramovich, afirmó que el Estado «tiene el deber de intervenir para transformar estructuras que silencian a sectores de la población». 

Finalmente, en apoyo del Estado, expuso el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, que rechazó la «escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años» la aplicación plena de la ley y criticó la forma en que la Corte Suprema de Justicia convocó a la audiencia que se desarrolló hoy.

También en representación del CELS, Damian Loreti, brindó la argumentación técnica del organismo a favor de la ley de medios y destacó que «principios y declaraciones del sistema interamericano de justicia establecen que los monopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia».