A finales de julio, estuve sentada en la oficina del fiscal general de Colombia. Había pasado la semana anterior viajando por todo el país con la ONG Justicia por Colombia, y mi idea era conocer la oficina del fiscal general y hablar de las cosas que había observado: los presos políticos de los que había oído hablar, las atrocidades del Estado, las ejecuciones sin resolver. Y eso hice: me senté con el pelo sucio y en ojotas; una desalineada escritora británica de un metro y medio de altura en una habitación llena de hombres mayores con traje, y yo hablándoles de las violaciones a los derechos humanos que había visto. Cuanto más les hablaba, más aterrorizados se veían los hombres. Era como si hubiera descubierto el sucio secreto de Colombia. Trataron de convencerme de que los derechos humanos estaban protegidos en el país. Querían darme un argumento que pudiera explicar todas las cosas que había visto. Yo les dije que quería escribir un artículo sobre esto en la prensa británica. Se los veía pálidos.
Un mes más tarde, me dieron el estímulo perfecto para escribir. Esta semana, el fiscal general tomó la decisión de detener al dirigente sindical y líder de la oposición Huber Ballesteros, un hombre con el que había compartido un desayuno en Colombia, y que iba a ser el orador internacional en la conferencia de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) de este año en septiembre. Ballesteros, un dirigente sindical cuya vida está en peligro por lo que viaja a todas partes con guardaespaldas, estaba comiendo el almuerzo el 25 de agosto, cuando fue detenido y encarcelado por «rebelión» y «financiación del terrorismo». Estas son acusaciones notoriamente inventadas, que históricamente se han utilizado en Colombia para encarcelar a sindicalistas, estudiantes, activistas, y defensores de los derechos humanos.
Ballesteros ha sido acusado de canalizar dinero de organizaciones de derechos humanos, incluida Justicia por Colombia, a las FARC: la insurrección campesina de izquierda que el gobierno denuncia como terroristas. Justicia por Colombia rechaza las acusaciones y dice que el gobierno está enviando un mensaje preocupante a la comunidad internacional sobre su predisposición a tolerar la disidencia. Después de conocer a Ballesteros y ser testigo de su dedicación y de la forma en que está enraizado en los movimientos sociales y en las comunidades de su país, creo que las acusaciones son altamente sospechosas.
Aunque el gobierno colombiano insiste en que la detención es legítima, parece más que una coincidencia que ésta se produzca en un momento en que hay una protesta generalizada en el país, liderada por Ballesteros y un comité de nueve personas. La semana anterior a que Ballesteros fuera capturado, el país había presenciado huelgas por los acuerdos de libre comercio con la UE y los EE.UU., que los manifestantes dicen que hacen que sea imposible para ellos ganar dinero con sus propios cultivos porque no pueden competir con las importaciones extranjeras. Los tratados de libre comercio no incluyen cláusulas efectivas sobre derechos humanos o laborales, lo que significa que la facultad de los trabajadores colombianos de cuestionar su baja remuneración, condiciones de trabajo y demás cuestiones es prácticamente nula. Pese a sus entusiastas comentarios sobre las cuestiones humanitarias en Siria, Libia y otros lugares, el gobierno británico está muy lejos aún de pronunciar una sola palabra sobre Colombia, aunque su propio acuerdo de libre comercio sea una parte del problema.
A Ballesteros se le ha negado la libertad bajo fianza y desde ayer languidece en la cárcel de La Picota en la capital del país. Las condiciones en las cárceles de Colombia son muy horrorosas, y si las historias que escuché durante mi visita son creíbles, le puede esperar convivir con el doble de la población que se supone que la prisión debe mantener, una total falta de higiene, comida en mal estado, y sin acceso a la atención médica incluso en las más graves condiciones. Una de las historias más espeluznantes que escuché provino de la directora de Justicia por Colombia, Mariela Kohon. Ella me contó que había conocido a un prisionero en noviembre del año pasado que, literalmente, se había cortado una parte de la cara para amputarse un tumor.
Actualmente hay cientos de presos políticos encerrados en Colombia, la mayoría de los cuales son activistas de derechos humanos preocupados por los problemas sociales del país; como ser el hecho de que tiene el mayor número de personas desplazadas del mundo (10 % de la población total del país), increíbles desigualdades de riqueza, o el hecho de que el ejército está siendo investigado actualmente por cerca de 5.000 ejecuciones extrajudiciales.
Tras las playas del Caribe, el ron y el coco, y el rico e interminable campo yace una nación dañada y destruida, donde incluso las formas más inofensivas de disidencia son castigadas con la despreocupada eliminación de los derechos más básicos. Mientras los medios internacionales se ocupan detenidamente de las acciones inhumanas del gobierno sirio, me pregunto: ¿Hasta dónde tienen que llegar las cosas en Colombia para que el resto del mundo se dé cuenta de que hay un problema?
Fuente: The guardian, Reino Unido
