En Argentina, desde hace dos años, existe una ley que castiga la trata de personas y establece los protocolos para asistir a quienes padecen esa forma de violencia.

En ese lapso, la aplicación de la norma permitió rescatar de las redes de trata (a abril de 2010) a 654 víctimas, de las cuales 149 eran menores de 18 años. Como consecuencia  se procesó a 54 responsables y se condenó a cinco de ellos, mientras que otros juicios siguen en trámite. No obstante, las organizaciones sociales que luchan contra este delito demandan que se realicen cambios a la ley.

De todas formas, desde la Oficina de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata, -el negocio ilegal que mueve más dinero en el mundo después del tráfico de estupefacientes y de armas— destacan que desde la sanción de la ley hasta febrero de 2010 se realizaron en total 423 procedimientos y se logró la detención de 428 personas.

Para la captura hay un mecanismo común: la captación, el transporte o traslado forzoso de una mujer desde su lugar de origen y la privación de la libertad son los ejes de esta práctica de sometimiento.

Las víctimas, adultas, adolescentes y niñas son, en algunos casos, seducidas por los proxenetas con falsas ofertas de trabajo y de mejor calidad de vida que sólo quedan en promesas. Otro tipo de reclutamiento es el secuestro. En este caso, la damnificada es cuidadosamente elegida por los tratantes, quienes deciden el momento preciso para captarla.

En todos estos casos, los somníferos, las drogas, la violencia y las amenazas son la manera de mantenerlas en su lugar de cautiverio y reducidas a la servidumbre para obligarlas a satisfacer los deseos sexuales de los clientes.

En Argentina nunca existió una legislación de prevención contra este delito ni políticas tendientes a asistir a sus víctimas. Recién en 2008, se instaló en la agenda política la resolución de esa problemática y finalmente se sancionó la primera ley nacional que la declara como un delito federal. La Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, fue aprobada en ambas cámaras casi por unanimidad.

Los delitos considerados en esta normativa contemplan la explotación sexual, pero también reconocen las prácticas esclavistas, como los trabajos forzados y la reducción a la servidumbre, la privación de la libertad y la extracción ilegal de órganos.

Los castigos que fija establecen diferencias de acuerdo con la edad de las víctimas: son de 3 a 6 años de prisión cuando son mayores, pero se elevan de 4 a 10 si el culpable es familiar directo o cónyuge, o si la persona explotada es menor de 18 años. Y si las víctimas son menores de 13 años, les corresponderá de 6 a 15 años de prisión efectiva.

Desde la fiscalía federal especializada en investigar la trata de personas se informa que a partir de la sanción de la ley hubo 54 procesamientos en las jurisdicciones de Buenos Aires, La Pampa, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, Chaco y Córdoba. A partir de ellos se llevaron adelante seis juicios orales, en cinco de los cuales hubo sentencias condenatorias con un total de ocho personas castigadas a penas de 4 a 15 años de prisión.

Sin embargo organizaciones sociales y feministas que trabajan para terminar con este flagelo proponen que se realicen modificaciones en algunos puntos de la ley. El cuestionamiento principal que hacen es que en el caso de las mujeres mayores de 18 años, para probar que existe delito de trata, debe quedar claro que no prestaron consentimiento para el ejercicio de la prostitución.

Los defensores de la ley argumentan que algunas mujeres realizan la actividad por propia voluntad. En cambio, las críticas sostienen que no puede existir consentimiento para la explotación sexual.