La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, el Legislativo y movimientos de derechos humanos se unieron ayer para defender el rescate de la memoria de los crímenes de la última dictadura, en la víspera del cincuentenario del golpe de Estado que la instauró en 1 de abril de 1964.»El día de hoy exige que nos acordemos y contemos lo que ocurrió. Le debemos eso a todos los que murieron y desaparecieron, a los torturados y perseguidos, a sus familias, a todos los brasileños», afirmó la jefa de Estado en un discurso en la ciudad sureña de Porto Alegre.La presidenta, que fue torturada y pasó dos años arrestada por su militancia contra la dictadura, recordó que «hace 50 años, en la noche de hoy, Brasil dejó de ser un país de instituciones activas, independientes y democráticas».Rousseff aludió así al inicio de las maniobras militares encabezada el 31 de marzo de 1964 por el general Olímpio Mourão Filho, que condujo los tanques de la localidad de Juiz de Fora (Minas Gerais) a Río de Janeiro, donde se encontraba el entonces presidente João Goulart, derrocado un día después.El golpe dio paso a 21 años de dictadura, en la que se suspendieron los derechos políticos y se creó una maquinaria de represión a opositores que dejó, según cálculos de movimientos sociales, un millar de muertos y cerca de 400 desaparecidos, además de 90 mil víctimas de torturas.Asimismo, la mandataria recordó que impulsó hace dos años la creación en 2012 de una Comisión de la Verdad, que actualmente investiga las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero que carece de poder para llevar a los tribunales a los represores, que nunca han sido juzgados, al amparo de una amplia amnistía decretada en 1979: «Nunca puede existir una historia sin voz. Y los que le darán voz a la historia son los hombres y mujeres libres sin miedo El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, asumió ayer la responsabilidad institucional de pedir perdón a las víctimas de la dictadura y así lo hizo en un acto conmemorativo celebrado en la sede de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) en la capital. «En nombre del Estado brasileño, me gustaría pedir disculpas a los que fueron afectados por la dictadura, que fueron arrestados por la dictadura. Me acuerdo de figuras que ocuparon el mismo puesto y dijeron ‘nada que declarar’. Yo, no. Yo tengo el deber constitucional de pedir perdón», manifestó.Varios senadores fueron más allá y defendieron ayer en una sesión solemne de la Cámara alta la «revisión» de la ley de amnistía, con la que, además de a los torturadores, se concedió el perdón a los grupos armados que se levantaron contra la dictadura, lo que permitió el regreso al país de los exiliados políticos. El 46% de los brasileños está a favor de modificar la actual Ley de Amnistía, que impide llevar a juicio a los responsables de crímenes practicados durante la dictadura militar.El sondeo del Instituto Datafolha revela que el 37% de los consultados se manifestó favorable al mantenimiento del texto actual de la ley –-dictada en agosto de 1979 por el último presidente del régimen militar, el general João Figueiredo–, y el 17% de los entrevistados optó por no opinar.Entre los que apoyan la derogación de la ley, el 54% afirma que los integrantes de grupos armados contrarios a la dictadura que practicaron atentados deben ser juzgados, y el 46% opina que también deben ser castigados los responsables de torturas a opositores políticos.Las violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de represión están siendo investigadas por una Comisión de la Verdad instalada en 2012 por la presidenta Dilma Rousseff y que tiene plazo hasta diciembre próximo para presentar sus conclusiones.