Política

Papel Prensa: el Gobierno cuestionó el accionar judicial

El Gobierno manifestó su preocupación porque en menos de 24 horas el juez Julián Ercolini desestimó el pedido de indagatoria a los directivos del grupo Clarin y de La Nación, en la causa que investiga irregularidades en la venta de Papel Prensa.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, manifestó hoy su «preocupación» porque en menos de 24 horas el juez Julián Ercolini desestimó el pedido de indagatoria a los directivos del grupo Clarín y de La Nación, en la causa que investiga irregularidades en la venta de Papel Prensa.

«Cuando se presenta un pedido de indagatoria en cabeza de los poderosos, sucede con mucha celeridad; 23 horas después se dan respuestas inmediatas so pretexto que no están las pericias contables y la tasación histórica», afirmó.

En diálogo con la prensa al ingresar a la Casa de Gobierno fue consultado sobre el rechazo del juez Ercolini de llamar a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y otros dos imputados en la causa por la venta de Papel Prensa, un día después del pedido presentado por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella.

Al referirse a las «diversas medidas probatorias que aún no han concluido», según señala Ercolini como fundamento para el rechazo, Fernández le sugirió «ponerse media pila» para que la causa «se resuelva cuanto antes» y sostuvo que «si vamos a estar toda una vida para sacar una pericia, tenemos una conclusión preocupante».

Además, el jefe de Gabinete aclaró que el fiscal «no se basa en el precio vil», sino en el delito de «extorsión» por el cual el grupo Graiver vendió las acciones de Papel Prensa.

«Estamos mirando de dos puntos de vista y no estamos apreciando que es un delito de lesa humanidad” dijo y no “una lisa y llana discusión patrimonial», dijo Fernández al explicar que el fiscal entiende que la venta fue bajo «persecución, intimidación y presión para hacerse de esa empresa en formas no naturales».

Además, precisó que la declaración indagatoria «es en defensa del imputado a quien se le dice que es partícipe de un delito» y consideró que si el juez -que lleva la causa desde 2011- aceptara el pedido del fiscal «hubiera permitido ver con claridad si en el camino que indica el fiscal realmente está configurado el delito de extorsión y poco importa el precio».