El 4 de octubre de 2022, Aníbal Fernández ordenó crear el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi de fuerzas federales y de Río Negro. El estreno de la fuerza se produjo con un violento desalojo que terminó con la detención de siete mujeres pertenecientes a la comunidad Lafken Winkul Mapu de territorio que mantiene ocupado frente al lago Mascardi, en un largo conflicto con Parques Nacionales que data desde el año 2017.

La creación del Comando Unificado, la represión que acompañó el desalojo ordenado y la detención de siete mujeres en el operativo, es una respuesta absolutamente descabellada frente a un conflicto que adquiere magnitud por la amplificación mediática que se le otorga.

La decisión desnuda, al mismo tiempo, el descalabro moral y ético que atraviesa a la dirigencia política del Frente de Todos, elegida para hacer exactamente lo contrario a militarizar una región que está siendo ofrecida a intereses extranjeros de forma escandalosa.

A la represión, además, hay que sumarle la complicidad entre el Poder Judicial, el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional para dejar en claro la decisión de mostrar prepotencia con los sectores populares. Durante la noche del 6 de octubre, cuatro de las mujeres detenidas durante el desalojo fueron trasladas a 1.600 km de distancia al penal de Ezeiza.

No existe ninguna arista del conflicto desatado en Mascardi que justifique la decisión de crear un comando unificado, el encarcelamiento de los ocupantes de un territorio, ni menos aún, el destierro de cuatro mujeres tratadas como si fueran terroristas.

Por fuera de la estridencia mediática, alentada por intereses económicos extranjeros, no hay escala en el conflicto que justifique la intervención federal, menos aún, el calibre de la respuesta represiva.

Hablar de terrorismo, o teorizar sobre un eventual desafío al Estado Nacional por parte de los Pueblos Originarios para redundar en reafirmaciones ideológicas que no discuten con la realidad, son parte del repertorio que esgrimen los que hacen negocios, los que lo romantizan y los que justifican cualquier cosa por el sólo hecho de tener razón en una discusión virtualizada.

En la vida real, y en el territorio real de nuestra Patagonia, los conflictos son mucho más graves que la cerradura por la que se pretende inventar un “conflicto mapuche”.

El gobierno de la provincia de Río Negro, que tanto se agravia por la ocupación de unas cuantas hectáreas, es la misma que le cedió 625.000 hectáreas a la multinacional australiana Fortescue, con el pretexto de comenzar a realizar inversiones para desarrollar un negocio con el hidrógeno verde que no tiene planificación alguna que justifique semejante apropiación territorial.

Es, también, el mismo gobierno provincial que utiliza la representación de lo público para respaldar los intereses del magnate Joe Lewis, quien ha escondido un lago que debiera ser para uso y goce de toda la comunidad patagónica.

Lewis, además, tiene de testaferro a Nicolás Van Dittmar, quien facilitara a Patrick Jean Marie Rey y Hubert Esteban Rey a comprar 155.000 hectáreas en la meseta de Somuncura, también en Río Negro. Otro de los que se anota con 144.000 hectáreas entre 25 de Mayo y San Antonio Oeste es el Rabino Elimeir Libersohn, cuyo documento lo indica nacido en los Estados Unidos.

El Grupo Burco, de Bélgica, es propietario de 85.000 hectáreas en el margen sur del embalse Alicura.

Y así, se podría seguir interpelando hasta el cansancio a ese nacionalismo de cartón que leyó en algún libro que las reivindicaciones de los pueblos originarios disputan agenda, y anda preocupado por la atomización progresista en lugar de consolidar un proyecto nacional que incorpore la mirada originaria de nuestros compatriotas.

En nuestra Patagonia, cruje la identidad nacional, preocupa la extranjerización de nuestro suelo, amenaza la integridad del desarrollo económico nacional la prepotencia con la que unos pocos se van quedando con la propiedad de nuestros bienes comunes. Pero de nada de eso, son responsables los mapuches.

Peor aún, andar viendo como enemigos a una porción pequeña del pueblo mapuche y sentarse en Houston para negociar la transferencia de bienes comunes a grupos económicos de propiedad extranjera, supera el umbral del desmoronamiento ético de un proyecto político, para situar en el rincón obsceno de la traición, la actitud de algunos miserables en funciones de gobierno.

Repudios y renuncia

Tras la decisión de trasladar al penal de Ezeiza a cuatro mapuches detenidas, organismos de derechos humanos, sociales y voceros de las comunidades originarias encabezaron una conferencia para repudiar el accionar policial, exigir su liberación y la apertura de una instancia de diálogo.

Según se expuso en la conferencia de prensa, Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Débora Vera y Florencia Melo fueron “secuestradas” por un gobierno que “ha decidido reeditar la campaña del desierto e impulsar el terrorismo de Estado”.

Entre otras cosas, denuncian que ni las familias ni la abogada defensora Andrea Reile fueron notificadas en tiempo y forma de la decisión judicial. “Hoy volvemos a atravesar un momento durísimo, le pedimos al Gobierno que recapacite sobre este ataque que para nosotros es una tortura”, apuntó Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche.

“La bandera de los Derechos Humanos le queda grande al Estado argentino”, afirmó el vocero indígena.

Ezequiel Palavecino, presidente de la APDH en Río Negro, sostuvo que “Es angustiante porque es una violación total de los derechos humanos que uno verdaderamente no esperaba de un gobierno nacional y popular. Pero independientemente del Gobierno y yendo a la justicia federal, no se está respetando la legalidad del proceso, no se respetan los derechos de las comunidades indígenas, ni de las detenidas”.

La gravedad de los hechos terminó con la renuncia indeclinable presentada por la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta. “Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político” sostuvo.

El Gobierno Nacional ha decidido acelerar en el ciclo de extranjerización de nuestro suelo y subsuelo. La riqueza nacional se encuentra en el centro de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. A tal punto, que el ex embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet se encuentra instalado en la mismísima Bariloche donde se multiplican los conflictos.

Allí cerca, los intereses petroleros, energéticos, nuestras reservas de agua y la tierra, multiplican la voracidad norteamericana.

¿Y los mapuches? Apenas una excusa que encuentran los miserables para proteger los intereses ajenos.