La aparición y propagación de la covid-19 han puesto más visible los retrasos en conectividad y la calidad de los servicios digitales. La brecha digital entre los que pueden acceder y tiene usabilidad informática es aún más visible. Los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente Alberto Fernández por mejorar esta situación resultaron acciones no concretadas que tuvieron su respuesta en las urnas de las elecciones del pasado 14 de noviembre.
Durante el lanzamiento de la segunda etapa de «Argentina Programa», Alberto Fernández puntualizó. «Sabemos que vivimos en un país injusto», vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar».
Los servicios de telecomunicaciones (internet, telefonía móvil y cable), las limitaciones en el acceso, la calidad y los costos de los mismos, son parte de las demandas insatisfechas de los argentinos y muy especialmente de los compatriotas que habitan los llamados barrios populares y pueblos distantes de las grandes zonas urbanas.
En estas barriadas, para que los pibes asistan a clases, los padres tuvieron que recargar los celulares para tener datos y mediante WhatsApp intentar tomar una clase que los vinculará con la escuela, sus Maestros y Compañeros.
La brecha digital no perdona la pobreza. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos personas que pasaron 1 o 2 años tomando clases por un celular con recarga y WhatsApp y otros con una computadora e internet domiciliaria.
¿Democracia o corporaciones?
El pasado 22 de junio, un tribunal federal de Argentina resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Argentino. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) realizó la presentación contra la sentencia que favoreció a Telecom Argentina mediante la cual, la empresa no se ajustará a los controles de precios acordados por el regulador estatal.
El argumento principal que exponen los grandes grupos económicos, como Cablevisión Holding (Grupo Clarín), dueños de las firmas que monopolizan los mercados de Internet, telefonía móvil y TV paga, es que los aumentos autorizados por el ente regular producen “daños irreparables a la economía de la empresa”, por lo cual buscan la suspensión del decreto 690/20 que declaro los servicios mencionados como “esenciales” y que regula el precio de los mismos desde diciembre de 2020.
El Grupo Clarín, distribuyó a fines de agoto 556 millones de dólares en dividendos entre sus accionistas. Mientras judicializó y logró frenar el decreto que limitaba sus aumentos de tarifas reparte las ganancias en dólares. Con este monto, en lo que va de la pandemia Héctor Magnetto y sus socios se repartieron 1.153 millones de dólares.
El dato de este reparto de 556 millones de dólares lo informó Telecom a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En una nota con fecha 12 de agosto y detalló que va a distribuir dividendos en especie, es decir: Bonos Globales 2030 por 370 millones de dólares y Bonos Globales 2035 por 186 millones de dólares.
La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los clientes de sus servicios. La Justicia Federal en su fallo favor de Telecom Argentina S.A. suspendió los artículos principales del DNU 690, que en 2020 declaró como servicio esencial de las telecomunicaciones las prestaciones de internet, telefonía celular y el cable. Además, abre instancias para que otras empresas se sumen en el mismo sentido de desconocer el control de precios a cargo del Estado Argentino.
Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos, su fallo a favor de la empresa del grupo Cablevisión Holding es el “botón de la muestra”. Cabe recordar que el Holding fue estructurado en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. La decisión de la ¿Justicia? federal reestablece la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas.
Servicios esenciales de las TIC
El 40% de la ayuda social implementada mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar se los terminan quedando las empresas de celulares, internet y televisión paga. Es decir, de los 10.000 pesos que destina el Estado en ayuda a esa familia, los gigantes de las telecomunicaciones se terminan quedando con 4000 pesos.
En el mes de julio Tolosa Paz, por entonces presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales afirmaba “la conectividad hoy es la plataforma de acceso a la educación y a la salud y, en ese sentido, lo que estamos haciendo ahora es darnos un plazo, un marco regulatorio, para que, en 30 días, 3 millones de argentinos y argentinas tengan la PBU en sus casas, con una gran disposición de las empresas en acompañar esta prestación. Pasaron los meses y la PBU sigue ´pendiente de plena implementación.
Para modificar esa situación, el Gobierno creó la Prestación Básica Universal (PBU) mediante el decreto 690/20, pero las empresas de telecomunicaciones dificultan su implementación. La PBU es la tarifa social de la conectividad, así como existen tarifas sociales en electricidad y gas. Las familias beneficiarias, son las mismas, tienen en común sus condiciones de vulnerabilidad social.
La PBU fue decretada para que más de 3 millones de compatriotas que viven situaciones de pobreza e indigencia puedan acceder a los servicios de las plataformas digitales. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se han convertido en indispensables mucho más en este tiempo de pandemia. Para realizar trámites, notificarse de pagos y fechas de vacunación, para el trabajo o teletrabajo, la educación, la salud y las relaciones sociales y recreativas, estos servicios son esenciales.
El negocio con la pobreza que realizan Telecom, Telefónica y Claro, se evidencia en las políticas comerciales, amparadas por el dictamen de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez. Dos de los tres jueces que la conforman de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que les permitió desconocer el 690/20 y avanzar con los aumentos de precios de los servicios esenciales que brinda el grupo Cablevisión Holding.
El gobierno argentino avanzó con acciones parlamentarias para que el DNU 690/20 mantenga su vigencia más allá de los amparos judiciales a favor de las empresas de telecomunicaciones.
El senador Alfredo Luenzo presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó ante esta Comisión, un proyecto de ley para declarar a Internet servicio público esencial. La decisión tiene lugar luego de que la Justicia fallara a favor de Telecom Argentina, Telecentro, DirecTV y otros, dando libertad a estos operadores para la fijación de precios.
Luenzo anuncio: “Quiero acompañar la decisión del presidente de avanzar en declarar el acceso a Internet como un derecho público. El (decreto) 690 dio un primer paso, (pero) lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema en un marco donde la conectividad es central. El acompañamiento se verá traducido en un proyecto de ley, lo que implica que aportaremos del ámbito legislativo para sumar a la decisión del presidente de ir por un marco normativo integral y que el acceso a Internet sea realmente una realidad, no sólo en la capital, donde a veces parece que es el mercado el que domina la estrategia de comunicación, sino en todos los rincones del país”.
¿Será posible en la nueva configuración de mayorías en el Senado de la Nación?
Sin tiempo de espera
Los números que muestra la Cámara Argentina de Internet, Cabase, ponen en evidencia la inequidad de la infraestructura digital: de las 2618 localidades con acceso a Internet 34% cuentan con acceso alámbrico, 20% inalámbrico y 46% con ambos tipos de tecnología. De esas 2618 localidades solo un 30% (781) cuentan con opción de acceso por fibra óptica.
Los datos publicados por ENACOM muestran una fuerte disparidad en la penetración de acceso fijo a Internet en los hogares. Mientras que en la CABA el porcentaje es 105.98, en Corrientes es de 38.73, Catamarca 37.62, Chaco 37.48 y Formosa 30.23.
El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) realizó un relevamiento de conectividad en conjunto con el movimiento Barrios de Pie y otras organizaciones sociales que forman parte de los Comités Barriales de Emergencia (CBE) en barrios de Mar del Plata y Batán. La muestra abarcó geográficamente a 52 sectores populares, unos 200 hogares del Partido de General Pueyrredón.
El resultado pone visible una dimensión poco explorada de la desigualdad estructural en nuestra sociedad que se profundizó con la pandemia: la vulneración del derecho al acceso a Internet y a la tecnología digital. Expone la realidad en los barrios, donde un 80% de los hogares carece de dispositivos informáticos como computadoras; en un 76,5% no hay conectividad a Internet (ni con wifi ni con cable de red); y un 65,5% depende del acceso a los datos del celular para poder navegar por Internet.
Conexión a internet en los hogares
A 1 año del decreto 690/20, necesitamos terminar con las demoras y dilaciones judiciales a favor de las corporaciones de telecomunicaciones. La necesidad insatisfecha se puso visible con los resultados del 14 de noviembre. No es posible seguir esperando la equidad en servicios esenciales para la población sin profundizar las medidas expuestas y fortalecer la regulación en la calidad de los servicios.
La infraestructura y economía digital es una posibilidad de desarrollo para la Argentina; para su pueblo y, no solamente para los que nos dejaron las penas, porque las vaquitas son de ellos.
Es tiempo que la infraestructura de telecomunicaciones sea un servicio público y de calidad para sostener el crecimiento de nuestro país.
Alfredo Moreno es Ingeniero TIC en ARSAT, profesor TIC en Universidad Nacional de Moreno
