El Secretario General de la CTA Hugo Yasky y el dirigente de ATE Marcelo Frondizi rechazaron el procesamiento dictado a Milagro Sala, al considerar que significa “un espíritu de revanchismo social, que es refractario a cualquier forma de organización popular, que pueda amenazar el equilibrio, entre las oligarquías locales y las fuerzas políticas tradicionales que se garantizan el reparto de negocios y el poder en la provincia”.

Yasky además sostuvo que  “el asedio judicial a Milagro Sala forma parte de las políticas de criminalización con las que se pretende disciplinar las demandas de los sectores sociales.”

Por su parte, el candidato a titular de la CTA, Pablo Micheli, también calificó  como «una vergüenza» el procesamiento y aseguró que la dirigente «no estaba» en el escrache que se le realizó al senador radical Gerado Morales en la provincia de Jujuy.

De esta forma Micheli salió a respaldar a Sala, quien apoyó la candidatura del titular de ATE para conducir la CTA, aunque días atrás la dirigente jujeña anunció su alejamiento de la central en rechazo a la interna política que divide a la entidad.

«Ese fallo tiene una impunidad total y lo rechazamos de plano. «, aseguró Micheli y señaló que recibió con «tristeza» la salida de la dirigente jujeña de la CTA y admitió que le «cayó mal» la decisión, aunque aclaró que la respeta.

La dirigente fue procesada por supuestas “amenazas” y presunto “daño agravado” durante un escrache al senador por la UCR, Gerardo Morales, cuando daba una conferencia en la capital jujeña hace un año. La líder del Movimiento Tupak Amaru acusó a Morales de querer “hacer campaña política en la provincia” a costa suya.

El procesamiento sin prisión preventiva fue emitido por el juez federal de Jujuy Mariano Cardozo e incluye un embargo de 70 mil pesos sobre los bienes de Sala, informó la secretaria de ese juzgado, María Alejandra Cataldi.

Además de a Sala, el magistrado también procesó sin prisión preventiva a López y a Ramón Gustavo Salvatierra, como supuestos “coautores” de los delitos de “amenazas” a Morales y “daño agravado” a las instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que resultó con destrozos.