El Ministerio de Educación de la Provincia creó el Consejo Provincial de Políticas Educativas, de cuya integración participó la Universidad Nacional de Córdoba. Este Consejo estuvo integrado por representantes de organismos gubernamentales, institucionales y gremios, con intereses sectoriales en el campo de las políticas educativas. En su ámbito se analizó el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación de la Provincia para sustituir la Ley 8113 vigente en la actualidad. Esta universidad participó de esta instancia bajo la convicción de que “es imprescindible involucrarse activamente en los espacios de discusión de las políticas públicas. sin compromisos partidarios y con una mirada constructiva, reconociendo la legitimidad de los espacios controversiales en los que se defienden intereses y perspectivas en el marco de la democracia”.    El anteproyecto incorpora aspectos importantes, en concordancia con principios de la Ley Nacional, que conciben la Educación como bien público y derecho personal y social, garantizado por el Estado y realza el compromiso del Estado para asegurar, no sólo la igualdad de oportunidades, sino la de posibilidades, garantizando la oferta educativa, los recursos materiales, organizacionales y pedagógicos para la inclusión efectiva de los sujetos en todos los tramos de la escolarización obligatoria. También incorpora aspectos relativos a la garantía de derechos, como es el caso de la estabilidad de los docentes que trabajan en escuelas de gestión privada y el respeto a los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la ley 26.061 (de Protección a la Infancia y Adolescencia). Otro aspecto a destacar lo constituye la inclusión en la formación del respeto y valoración de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios. Por otra parte, el Consejo entiende que ,en el marco de la educación pública, la enseñanza debe ser laica. Y que la legislación debe garantizar el financiamiento público estatal, evitando en su articulado ambigüedades o resquicios que posibiliten formas de mercantilización de la educación. En este sentido debe revisarse la posibilidad de aportes comunitarios para el sostenimiento de la educación.