La Argentina realizó dos presentaciones en rechazo a la solicitud de los fondos buitre para declarar a la República Argentina en desacato e imponer sanciones. A Griesa le envió un «memorandum en oposición a la solicitud de los demandantes de declarar a la Argentina en desacato e imponer sanciones».

En la nota a Kerry, que Timerman leyó en una presentación en la Casa de Gobierno,  señala, entre otras cuestiones, que el “acoso judicial” del que la Argentina es víctima “a través de una orden judicial de cumplimiento imposible,  ahora se suma un nuevo y mayor disparate jurídico por parte de los demandantes (los fondos buitre) quienes el pasado 24 de septiembre  solicitaron que se declare en desacato a la República Argentina y se le apliquen sanciones en virtud del alegado incumplimiento de las ordenes judiciales. El juez de distrito, Thomas Griesa, convocó a las partes a una audiencia para el día de la fecha en la que evaluará si hace lugar a lo solicitado”.

Señaló luego que Las sanciones solicitadas por los litigantes incluyen, entre otras cosas, el pago de la suma de U$S 50 mil diarios hasta tanto no cese el supuesto incumplimiento de las mencionadas órdenes judiciales. Asimismo, en la solicitud de los demandantes se deja expresamente abierta la posibilidad de aplicar otras sanciones no monetarias (¿?)”.

Timerman expresó que los litigantes “fundamentan esta insólita pretensión en la actuación de órganos  políticos de un Estado soberano, que han actuado de conformidad con atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Nacional; por lo tanto, como a continuación se explica, no pue4den, de ninguna manera, estar sujetos al escrutinio de un juez extranjero, y en el supuesto incumplimiento de una orden judicial que, como la República ha demostrado, es de imposible cumplimiento”.   

El canciller afirmó además: “La República Argentina advierte que es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a un Estado extranjero ‘en desacato’. Esa pretensión solo puede responder al desconocimiento o a una percepción alterada de las normas básicas del derecho internacional y la convivencia pacífica del orden global”.

En otra parte de la carta, de la cual dio cuenta Timerman, señala que “la mera solicitud de imponer una medida que en sí misma es ilícita por ser contraria al derecho internacional es, además, lesiva a la dignidad del Estado. Una petición semejante solo puede ser rechazada in límine por ser ilícito su objeto mismo”.