El pasado 22 de junio, un tribunal federal de Argentina resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado argentino y el regulador de telecomunicaciones Enacom contra la sentencia que favoreció a Telecom Argentina para impedir que se le apliquen controles de precios.

Telecom Argentina celebra lo que es un nuevo golpe a su favor en la disputa por los precios en el mercado argentino contra el Estado argentino. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal denegó el recurso presentado por el Estado en su contra. Agregó que la resolución se dio el 18 de junio pasado, pero tomó estado público en los días siguientes.

La empresa fue notificada que se resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra la sentencia de la sala que hizo lugar a la apelación interpuesta (…) contra los artículos 1 a 6 del decreto 690 y las resoluciones 1466/2020, 1467/2020 y 204/21.

En respuesta a esta situación, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, afirmó que el Estado Nacional y el organismo a su cargo interpusieron el 25 de junio «un recurso en queja» ante la Corte Suprema de Justicia para que el tribunal entienda en la medida cautelar que favoreció a la empresa Telecom con la suspensión parcial del Decreto 690.

La citada Sala II dictó recientemente otra medida cautelar para las empresas Telecentro y DirecTV en el mismo sentido que la dictada para Telecom. Luz verde para aplicar aumentos en servicios declarados esenciales por el gobierno argentino.

La disputa por el control de precios de los servicios de telecomunicaciones entre los operadores y el gobierno viene de agosto de 2020, cuando se declaró a las TIC servicios públicos en Argentina. Luego se definieron topes de aumento para prestadores y obligación de ofrecer servicios básicos (PBU) que no han convencido a la industria a pesar de mesas de diálogo y reglas extraordinarias que permitieron incrementos limitados de tarifas en los primeros meses de 2021.

En pleno esfuerzo por superar las condiciones económicas producto del desastre económico y el empobrecimiento generado por el gobierno de Cambiemos y de las limitaciones económicas en contexto de pandemia, tenemos que estar pensando si nos alcanza para pagar internet o pagar el teléfono. Estos servicios se han vuelto tan imprescindibles que la notificación para vacunarnos nos llega por alguna de estas vías. Desconocer los esencial de estos servicios y el cuidado de los precios para poder accederlos, es desconocer derechos humanos de la población argentina.

La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los consumidores/clientes de sus servicios. La Justicia Federal en su falo favor de Telecom Argentina S.A. suspendió los artículos principales del DNU 690, que en 2020 declaró como servicio esencial de las telecomunicaciones las prestaciones de internet, telefonía celular y el cable. Además, abre instancias para que otras empresas se sumen en el mismo sentido de desconocer el control de precios a cargo del Estado argentino.

Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos, su fallo a favor de la empresa del grupo Cablevisión Holding es el “botón de la muestra”. Cabe recordar que el Holding fue estructurado en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. La decisión de la ¿Justicia? federal reestablece la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas.

Con el propósito de que se determine la legalidad del Decreto 690/20, el presidente del Enacom afirmó que el regulador y el Estado Nacional Argentino «continuarán intentando acortar los tiempos judiciales y proteger, de este modo, el derecho de las y los usuarios y consumidores afectados».

Telecom Argentina integra un 28,16% de acciones a cargo de Cablevisión Holding y en un 20,83% por el fondo Fintech Telecom, mientras que un 21,84% de las acciones está en un fideicomiso y otro 29,16 % se cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. A diciembre de 2020, la empresa contaba con 18,4 millones de líneas móviles en Argentina y 2,2 millones en Paraguay, 4,1 millones de accesos de banda ancha, 2,8 millones de líneas de telefonía fija y 3,5 millones de abonados de televisión por cable.

Para la patria cautelar, conformada por algunos sectores de la justicia que miran los intereses económicos y políticos de las empresas y son ciegos para la defensa de los intereses del pueblo, con estas medidas judiciales, desconocen que en las elecciones democráticas del 2019 el pueblo se manifiesto mayoritariamente.

Este contexto el fallo favorece a un creciente mercado concentrado de los medios de comunicación y las infraestructuras de telecomunicaciones que llegan a niveles altos de poder poniendo en riesgo el desarrollo democrático.

Hoy más que nunca, los argentinos y las asociaciones de consumidores que nos representan necesitamos sumar nuestros esfuerzos para que se apliquen las sanciones estipuladas en el decreto presidencial 690/20 por incumplimientos regulatorios. No alcanza con los tiempos jurídicos donde ya ganaron 7 meses de incumplimiento, no alcanza con cobrarles multas, hay que quitarles la pauta publicitaría y las licencias por desconocer la declaración de servicios esenciales y por no aceptar la regulación del Estado a favor del pueblo argentino.

¿Cuánto más pueden esperar más de 3 millones de compatriotas de la prestación básica universal (PBU) consagrada por el DNU 690/20 ratificado por el Congreso Nacional? Es inaceptable que las empresas declaren ante el ENACOM y el Consejo Federal de Políticas Sociales (CFPS), transcurridos los primeros 3 meses del DNU 690/20, la cantidad irrisoria de beneficiarios que registran, a saber: Claro 337, Personal/Telecom 1203 y Movistar/Telefónica 81803.

No es posible que las familias deriven el 15% de la asignación universal por hijo (AUH) para recargar el teléfono celular. En argentina se utilizan 80 millones de celulares. La PBU alcanza a cubrir 19 millones de dispositivos, de los cuales 3 millones corresponden a compatriotas que viven en estado de indigencia.

Es el momento de profundizar el debate de los servicios públicos que fueron privatizados en la década del 1990 y el rol del Estado. Es necesario frenar este saqueo y desarrollar una política pública que garantice a los argentinos la disponibilidad de estos servicios esenciales. Debemos crear las condiciones para estructurar una infraestructura de telecomunicaciones y servicios de valor agregado que integre la experiencia de ARSAT, las Cooperativas, Pymes y representaciones sectoriales, además de las grandes empresas privadas.

Nos encontramos en un momento histórico respecto de la evolución de la infraestructura de telecomunicaciones, en el que uno de los mayores desafíos es resolver adecuadamente la ampliación de la cobertura de la red troncal de trasporte y de distribución de fibra óptica para llegar a todos los rincones y localidades de la región lo cual involucra cuantiosas inversiones.

El modelo de servicios constituido luego de la privatización de ENTEL llego a su fin. Necesitamos una política pública que integre una red de telecomunicaciones pública que brinde servicios de calidad con sensibilidad social y compromiso con el país.

El enorme esfuerzo que está realizando el Estado Nacional nos pone en la necesidad de profundizar los debates y aportes para la construcción de una política de desarrollo de la Industria de las Telecomunicaciones. Es necesario que ENACOM continúe profundizando la intervención en el sector en beneficio de los usuarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto como condición central para la calidad del servicio.

No se trata de que las empresas privadas no obtengan ganancias. Sino que deben cambiar el paradigma inyectado en el país en la década de 1990 mediante el cual empobrecieron la Argentina. La infraestructura de telecomunicaciones es una necesidad de integración social para el desarrollo del país. Necesitamos el desarrollo y operación de una infraestructura común, planificada y actualizada por empresas de gestión pública. El financiamiento estará dado por los servicios de transporte facturables a las organizaciones del tercer sector, cooperativas, pymes y grandes empresas privadas que brinden servicios de valor agregado en la red. Esta alianza permitirá una política abierta para aquellas organizaciones o empresas que desean proveer servicios en la red en régimen de libre competencia.

La infraestructura de la red es una cuestión de Estado. El acceso nacional a las telecomunicaciones y la integración tecnológica ya no pueden esperar en el contexto de la Economía del Conocimiento.

En el contexto actual, motorizado por el desarrollo tecnológico nuestro país y nuestra región necesita de estados con políticas públicas que promuevan un modelo de desarrollo soberano con integración social y económica. Las infraestructuras tecnológicas son las plataformas sobre las que se asienta el pasaje de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento.

Una infraestructura de telecomunicaciones en manos de un Organismo Público con representación comunitaria y parlamentaria, es una garantía de acceso igualitario y de calidad en el servicio de Internet.

Es un derecho impostergable de los pueblos.

Alfredo Moreno es Profesor de TIC en Universidad Nacional de Moreno e Ingeniero TIC en ARSAT.

Fuente: infonativa.com