En los últimos 10 años, 46 hombres y mujeres de los pueblos indígenas Zenú en Colombia – mi gente – han muerto en la lucha por los derechos de la tierra. Le hemos dado detalles de éstas personas al gobierno.

Ni una sola persona ha sido llevada ante la justicia por sus crímenes.

Nuestro delito a los ojos de los autores es que vivimos en una tierra que se considera «estratégicamente importante». Lo que esto significa es que el terreno en que hemos vivido históricamente es rico en recursos: oro y níquel.

A la izquierda están los guerrilleros; las FARC. Una organización formada originalmente en la década del ´60 con el fin de redistribuir la tierra. A la derecha, los paramilitares: los grupos armados que se oponen a las FARC.

Un informe del Centro Nacional colombiano de  Memoria Histórica declaró el año pasado que desde 1958, el conflicto ha generado más de 220.000 asesinatos. Pero el punto irrefutable es que más de cuatro de cada cinco víctimas son hombres, mujeres y niños  inocentes, – gente como mi comunidad atrapada en el fuego cruzado entre los grupos llamados de «izquierda» y de «derecha» y las fuerzas armadas.

Pero tras los asesinatos a sangre fría vienen los sobrevivientes. Sí, pueden haber esquivado las balas, pero ¿qué sucede si se ven obligados a dejar su casa porque están atrapados en el fuego cruzado? Desde junio de 2014, las cifras oficiales indican que 5,7 millones de personas han sido ‘desplazadas’ desde el inicio del registro y en el primer semestre de 2014, se registraron 64.000 ‘desplazados’. Esto significa que perdieron todo: su hogar, posesiones, barrio, amigos e incluso a veces su familia. Significa dejar todo lo que tienen y comenzar de nuevo.

Recientemente viajé a Europa con la agencia de ayuda católica CAFOD y la CE, en un intento más por la justicia para los 46 asesinados. Carmenza, una mujer de 51 años de edad, viajaba a mi lado. Ella ha sido ‘desplazada’ tres veces desde 1991. No sólo perdió su casa, sino que ya no ve a tres de sus seis hijos porque tuvo que enviarlos a otras zonas de Colombia por su propia seguridad.

Yo soy una víctima de todo esto. Fui elegido líder de los Zenú en 2000. El día anterior, el líder anterior fue amenazado de muerte y renunció inmediatamente. Desde entonces, no ha pasado un año en el que no se me haya escrito, hablado o enviado mensajes de texto sobre mi inminente asesinato.

Sé que las amenazas no son ociosas: los 46 asesinatos en mi comunidad demuestran que no lo son. Sé que los hombres en motocicleta que vienen a darme las advertencias verbales significan algo: sus advertencias han sido entregadas antes y el destinatario es pronto «desaparecido.»

Yo llevo un bolso. Este bolso está lleno de documentos impresos que me han sido enviados por las FARC y los paramilitares. Cada uno me informa de que tengo que dejar mi tierra o me matarán.

Pero no soy sólo yo él que está en riesgo en todo esto; mi familia ha sido amenazada. Mientras mi mujer estaba en el hospital, mis hijas estaban visitándola y fueron seguidas por algunos hombres. Mi hijo, que tenía siete años en ese momento, fue abordado por dos hombres en motocicleta que querían saber dónde estaba yo, qué estaba haciendo.

En el Día de los Derechos Humanos de este año, espero y rezo para que se me considere a mí, mi familia, mi gente, mi país y para que se defiendan los derechos de la gente oprimida en todo el mundo. Espero que el gobierno colombiano pueda garantizar la justicia para las 46 personas Zenú asesinadas y proteja a nuestra comunidad. Y esta justicia no sería sólo para los muertos inocentes, sino para los vivos; los que, como yo, tenemos que vivir en medio de una guerra que no comenzamos, pero a la que queremos desesperadamente ponerle fin.

Fuente: New Internationalist, Reino Unido