Isabel Yaconis, mamá de la víctima fatal que da nombre al proyecto, dice que el registro de violadores es una de las grandes deudas del Congreso Nacional.

La semana pasada el Senado le dio media sanción por unanimidad. Sin embargo, la Cámara de Diputados postergaría la virtual aprobación hasta después de las elecciones presidenciales del 28 de octubre.

«Es una de las grandes deudas del Congreso Nacional», asegura Isabel Yaconis, mamá de Lucila e integrante de la Asociación Civil Madres del Dolor, tras la votación unánime a favor de la creación del Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

Para ella, la ley Lucila, como la llaman las organizaciones de familiares de víctimas, es una lucha de más de ocho años, que empezó cuando su hijita tenía 16 y fue encontrada sin vida junto a las vías del ferrocarril, prácticamente a la vuelta de su casa del barrio porteño de Núñez.

La carátula de la causa es intento de violación. Se encontraron restos genéticos, pero como no hay con qué compararlos, se desconoce la identidad del agresor.

De la misma manera, se ignora cuántas veces el hombre puede haber abusado y matado desde el 21 de abril de 2003, cuando ocurrió el crimen.

Isabel Yaconis lamenta la postergación, tomando en cuenta la urgencia e importancia de la ley y recuerda que hace poco fue resuelto el caso de las dos turistas francesas gracias al hallazgo de los restos genéticos de los agresores.

Houria Moumni (de 23 años) y Cassandre Bouvier (29) habían salvajemente asesinadas a balazos, y una de ellas violada, en el cerro San Lorenzo, provincia de Salta.

Sobre el proyecto

Los delitos contra la integridad sexual incluyen el abuso, con o sin violencia, sobre personas menores o mayores; la corrupción de menores y la promoción de la prostitución de menores, así como la producción o publicación de imágenes pornográficas de menores.

El proyecto puntualiza que “el registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial vinculada a delitos contra la integridad sexual”.

La información que almacenará el registro es la proveniente de “muestra o evidencia biológica obtenida en una investigación criminal” y “de toda persona condenada con sentencia firme” por estos delitos.

Respecto de los condenados, se incluirá también “fotografía actualizada” y “domicilio actual, para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe”.

Todos los datos “serán considerados sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministrados a miembros del Ministerio Público Fiscal, jueces y tribunales en el marco de una causa en la que se investiguen delitos contemplados en la presente ley”. Y “queda prohibida la utilización de muestras de ADN para cualquier fin que no sea la identificación de personas a los efectos previstos en esta ley”.

“La información sólo será dada de baja transcurridos cien años”, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.