La Red contra el Racismo, la Discriminación y la Impunidad, auto-convocada y auto-organizada tras los sucesos violentos de abril de 2008 en el Chaco boliviano para detener acciones legales contra el sistema de servidumbre de indígenas guaraníes, los sucesos de mayo de ese mismo año, en Sucre, con graves violaciones contra los derechos humanos y la dignidad humana, y la masacre de Pando, de ese mismo año, asumió como uno de sus principales objetivos no cesar en su compromiso de erradicar el racismo en Bolivia mediante acciones de prevención, denuncia y sanción ante los tribunales.A partir de los acontecimientos de ese año y otras manifestaciones de racismo que se agudizaron en el actual proceso político que vive el país, se impulsó una ley contra el racismo, exigiendo al Estado el cumplimiento de las Convenciones Internacionales que sobre la materia ha suscrito para luchar contra este mal estructural.En Bolivia, los medios de comunicación tienen una larga historia de complicidad y omisiones en torno a prácticas racistas.“Protegidos por una Ley de Imprenta de 1925 ,y cuando aún no habían radioemisoras ni televisoras, los medios de comunicación en Bolivia viven mirando el pasado, intentando mantener para sí el derecho a la información y a la expresión”,a firmó un dirigente de una de las organizaciones.“Los mecanismos de auto-regulación, de los que tanto hablan los propietarios de medios, muestran su fracaso, lo que explica que los medios que sistemáticamente promueven la violencia y el racismo contra el otro continúen difundiendo sus arengas impunemente”, agregó.“La ciudadanía también tiene el derecho a ser informada con ecuanimidad, con respeto a los derechos humanos, a que los medios cumplan su función de educar, de orientar, de promover la cultura de paz, la igualdad de derechos y el debate con responsabilidad en lugar de provocar el enfrentamiento, ser simples repetidores de lo que escuchan sin capacidad de discernir lo que es verdad o mentira”.Producto de todas estas reflexiones colectivas fue la incorporación de los Medios de Comunicación en el Proyecto de Ley contra el Racismo, mediante el artículo 16, que exige sanciones a los medios que difundan ideas y prácticas racistas.La Ley contra el Racismo establece procesos y sanciones en tribunales de justicia, como cualquier otra ley, según el grado de responsabilidad en la comisión del delito de promover, difundir y dar espacios a ideas y prácticas racistas.“Ninguna Constitución ni ley de un país que se declare democrático otorga a nadie el derecho a opinar desde una visión de superioridad respecto otro ni permite el derecho a la libre expresión para discriminar y maltratar”, finalizó.