El ministro de Gobierno, Carlos Romero, deploró las imputaciones formuladas por Roger Pinto, senador por Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) y solicitado por la justicia de este país para responder a unas 20 causas pendientes por corrupción.Romero consideró que las acusaciones del legislador, que vinculan a funcionarios públicos y policías, no tienen respaldo y en ese sentido sugirió a Pinto presentarse ante los tribunales bolivianos para esclarecerlas.Legisladores de la derecha y algunos medios de información publicaron declaraciones de este senador, quien afirmó ser un supuesto perseguido político del Gobierno y haber recibido amenazas en contra de su integridad, pese a que nunca se presentaron pruebas concretas o documentos que certifiquen su denuncia.»Crear escenarios de miedo con declaraciones no comprobadas es irresponsabilidad tanto de la derecha política como de algunos medios de comunicación», aseveró por su parte la diputada del gubernamental Movimiento Al Socialismo Betty Tejada.Las declaraciones de la asambleísta surgen luego de que legisladores del partido PPB-CN lanzaran temerarias acusaciones contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pretendiendo vincularlo con un atentado contra el senador Pinto en 2009.Pese a que la denuncia nunca fue demostrada, medios televisivos retomaron el asunto creando susceptibilidad en la población, recordó Tejada.»No es una táctica improvisada, la estrategia de infundir miedo, de que el ciudadano viva inseguro es la más absoluta irresponsabilidad», señaló.Por su parte, el diputado Edwin Tupa no descartó la posibilidad de que sectores opositores al presidente Evo Morales y al proceso de cambio utilicen una estrategia de desgaste que consiste en desprestigiar a las personas cercanas al mandatario.A ello se suman articulaciones en conflictos como la marcha de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano contra una consulta en territorio indígena, añadió.El senador Pinto se encuentra en la Embajada de Brasil, según sus familiares, esperando la respuesta a su pedido de refugio político, el cual aún no tiene el visto bueno de ese país.Entre los procesos penales en su contra está el desvío ilegal de fondos de la Zona Franca de Cobija, cuando ejercía como prefecto de Pando (2001), caso por el que fue imputado por delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.