Más de cincuenta ambientalistas montaron en las últimas horas un campamento en el camino de acceso a las minas de Veladero y Pascua Lama, en la provincia de San Juan, para reclamar por la plena aplicación de la ley de glaciares.

Los activistas, miembros de la organización ecologista internacional Greenpeace, desplegaron en el camino de acceso al complejo minero que explota la multinacional Barrick Gold, un campamento de alta montaña especialmente equipado para resistir condiciones climáticas extremas.

Al respecto, Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace, aseguró que buscan que la empresa Barrick Gold “desista de las medidas cautelares que presentó” el año pasado para frenar la aplicación de la normativa sancionada en el Congreso.

En este sentido aseguró: “Vamos a estar el tiempo que sea necesario. Es una ley de todos los argentinos que quedó inhabilitada por una acción malintencionada de un grupo de empresas. No puede seguir secuestrada por un grupo de empresas”.

“Si la Barrick desiste de ese recurso de amparo, las medidas cautelares caen y la ley de glaciares es aplicable en San Juan. Por supuesto que también hay que lograr que el gobierno nacional salga de esta inacción y complacencia que porque existe esta polémica en San Juan no aplica la ley ni la lleva adelante en el resto del país”, argumentó Villalonga  y agregó que “la ley de medios también tuvo conflictos con la justicia en algunos artículos, pero eso no le impidió al gobierno nacional reglamentarla  y avanzar en los artículos que estaban en vigencia”.

Asimismo, Villalonga se refirió al secretario de Ambiente, Juan José Mussi, quien declaró que el incumplimiento de los plazos en la reglamentación se debe a “las  presentaciones legales por parte de las provincias”. “Cuando Mussi dijo que no va a hacer nada por la ley de glaciares hasta tanto no se resuelva lo de San Juan, es una complicidad muy extraña con quienes han planteado estos recursos, porque el gobierno nacional perfectamente puede avanzar en la reglamentación”, consideró el directivo de Greenpeace. 

Como establecía la ley, el IANIGLIA presentó en diciembre -en tiempo y forma- el cronograma con la metodología de trabajo para hacer los inventarios y un presupuesto acorde a esas tareas. Por este motivo, Villalonga consideró que “el Estado tiene todos los elementos para empezar a trabajar: lo que tiene que hacer es reglamentar los artículos, darle los recursos al IANIGLIA para que comience a trabajar y comenzar a realizar las Auditorías ambientales donde sea necesario”.

A su vez también que los plazos para su efectiva reglamentación “son muy importantes”.  “Se está perdiendo un momento muy valioso, que son estos meses de verano. Toda la actividad de inventario y de evaluación sólo se puede hacer en los meses estivales. Si no se hizo (y prácticamente va a ser imposible de hacer) las mineras van a ganar un año más”, explicó.