El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que “las grandes empresas, las que tienen abuso de posición dominante, ejercen acciones estratégicas” en contra de las iniciativas del Poder Ejecutivo que protegen al consumidor.
Aludió al despacho favorable, en un plenario de cinco comisiones de la Cámara de Diputados, para los proyectos de reforma de la ley de Abastecimiento, de creación del fuero específico para los consumidores y un Observatorio de Precios, que podrían convertirse en Ley en la sesión especial convocada para hoy.
Entendemos es que esta Ley (la que regula las relaciones del productor y el consumidor) es para proteger al productor, a las pequeñas y medianas empresas y agregó: “es terrible que en la Argentina exista tamaña distorsión por parte de grupos económicos y mediáticos concentrados que distorsionan, mienten permanentemente, descaradamente, con una interpretación marcadamente errónea” del proyecto.
Ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario de Justicia, Julián Álvarez y el secretario de Comercio, Augusto Costa estuvieron en la Cámara de Diputados para brindar respuestas sobre las tres iniciativas, que cuentan con sanción del Senado.
Las grandes empresas, dijo hoy Capitanich en conferencia de prensa, “dicen que la ley promueve la desinversión, que afecta el empleo. Todo lo contrario; hay 7500 grandes empresas contra 700 mil pequeñas y medianas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha puesto carteles que dicen: ‘Hace 40 años esperábamos esto’”.
Explicó luego que de mantenerse la actual Ley de abastecimiento el ejercicio de facultades que otorga al Poder Ejecutivo sería discrecional y no quedaría limitada a lo que la ley describe taxativamente”. Tampoco, agregó, se podría “establecer compensación por los perjuicios ocasionados por las empresas”. Además el Ejecutivo podría “disponer intervenir empresas, disponer arresto y prisión, podría intervenir empresas por 30 días, no tendrían instancia de carácter judicial”.
“Lo que la ley de regulación de las relaciones de producción y consumo hace es limitar la discrecionalidad de la autoridad de aplicación, limitar; establece que la clausura puede ser hasta 3 días; un mayor plazo requiere autorización judicial; la decisión es apelables en instancia judicial para garantizar debido proceso”, detalló.
