El abogado que representa a una de las familias querellantes en la causa por la presunta apropiación de Marcela y Felipe Noble Herrera -hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble-, advirtió hoy que los jóvenes son «usados como escudos» para proteger a la empresaria en una causa «que está siendo observada por la sociedad».

«La causa Noble Herrera no es una más en Argentina, está siendo observada por el mundo jurídico y la sociedad», aseguró Pablo Llonto, el abogado que representa a la familia Lanoscou-Miranda, una de las dos querellantes en la causa y que sospecha que Marcela Herrera Noble podría ser su pariente biológica.

«Aquí hay un trato preferencial y sobre eso queremos pronunciamiento, porque atrás de esta causa hay un poder económico», denunció Llonto al advertir que los jóvenes son usados «como escudos» para proteger a la sospechada en la causa.

«El indicio más fuerte de la causa es una carta escrita por la propia Ernestina el 11 de enero de 2003 en el diario Clarín y publicada expresamente, donde ella dijo que muchas veces había hablado con los hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal», recordó.

«Señalamos esto porque representamos a esos padres, a los padres Lanouscu-Miranda, que fueron asesinados el 3 de setiembre de 1976, padres de Robertito y Barbarita, y buscamos a Matilde Lanoscou Miranda, que tal vez sea Marcela Noble Herrera», agregó.

Y «es la propia Ernestina la que dice que les ha hablado a sus hijos de la posiblidad que sus padres hayan sido víctimas de la mayor barbarie cometida en la Argentina. Aquí señores jueces se mató a los padres de Marcela y Felipe. Hay homicidios cometidos», enfatizó.

«Están los hermanos Lanoscou acá sentados en la sala, esperan, son víctimas, como son víctimas las demás familias de desaparecidos. Por algo no quieren que el patrón genético de Felipe y Marcela queden en el banco para actuales y futuras comparaciones con muestras», sostuvo.

«Y también está Morita Noble Herrera, la hija de Felipe, también es víctima y tiene derecho a conocer quiénes fueron sus abuelos y el patrón genético por si tiene una enfermedad y no tiene a quién recurrir para curarla, un patrón genético», concluyó.

Llonto llamó a que «desde la Justicia haya un nunca más a la manía de presentar recursos permanentemente, a esta costumbre de venir a mentir, que la Justicia diga nunca más a esa mentira y disponga saber la verdad sobre el origen de Marcela y Felipe», instó a los jueces.

En tanto la Cámara Nacional de Casación Penal resolverá el próximo jueves si avala la decisión de extraer sin consentimiento muestras de sangre o saliva a los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para determinar si fueron apropiados en la última dictadura militar. Durante la audiencia de hoy se denunció que Marcela y Felipe Herrera Noble son «usados como escudo» para proteger a la imputada en la causa.

A lo largo de dos horas, los jueces escucharon todos los argumentos, comenzando por el de los apelantes abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera, a quienes se opusieron el fiscal Raúl Plee, los querellantes Abuelas de Plaza de Mayo y los letrados de dos familias que buscan bebés nacidos en centros clandestinos de detención.

El Tribunal anunció la resolución para el jueves próximo, 2 de junio, a las 12, aunque se descuenta que cualquier decisión será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como anunciaron todas las partes.

Las exposiciones fueron seguidas por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sentada junto al abogado del organismo Alan Iud y el fiscal Plée, quien reemplazó a su colega Juan Martín Romero Victorica, denunciado por supuesta protección a un apropiador de una beba nacida en cautiverio y que se apartó de la causa por razones de «delicadeza y decoro».

En tanto, Alcira Rios, también por las familias querellantes en la causa, repasó los orígenes de la pesquisa y aseguró que «nunca hubo intención de dilatarla» por parte de los denunciantes.

«Lo único que falta en esa causa es la prueba principal, establecer la identidad de las dos víctimas de la apropiación», dijo a los jueces y concluyó que en realidad lo que se busca es «preservar a la imputada, se busca la impunidad con la negativa a realizar los análisis» porque «está probada la sustracción y supresión de la identidad» de ambos.