El debate por la penalización del consumo de prostitución llega al Congreso. Hoy se presentarán dos proyectos que, con algunas diferencias, castigan con penas de prisión a los clientes. Uno es del senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria.

El otro, de la diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa, que cuenta además con el respaldo de representantes del oficialismo y la oposición. El de Fernández penaliza sólo a los clientes que consuman prostitución de personas víctimas de trata. El de Rodríguez, en cambio, impone penas de seis meses a tres años de prisión a quien paga “por el uso sexual de una persona”. En ninguno de los casos se plantea una condena a las personas que son objeto de ese comercio.

Este no es un debate nuevo ya hace un tiempo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció   que el Gobierno avanzará contra las páginas de Internet en las que haya oferta de comercio sexual, como una medida que complementa el decreto presidencial que prohíbe la publicación de ese tipo de avisos. 

Pero aclaró que se focalizará primero en controlar los medios gráficos. A la vez, Alak adelantó, que “el Gobierno promoverá la penalización del cliente de prostitución” como parte de su política para combatir la trata de mujeres para explotación sexual. “Sin clientes no hay trata: lo dijo ayer (por el martes) la Presidenta”, señaló el ministro. 

Asimismo sostuvo sobre este punto que como ya lo hizo el Gobierno en foros internacionales, impulsará en el país que se penalice al cliente de prostitución. No obstante, no precisó cuándo le dará impulso a esa iniciativa que rige en Suecia, pionero en ese terreno, desde hace diez años.   

Fernández no quiso adelantar los detalles de su propuesta. En una entrevista con Víctor Hugo Morales, en Radio Continental, aclaró que su proyecto penaliza a los clientes que consuman prostitución de personas en condición de trata. “Creemos que tiene que penarse a aquel que consume, para evitar que nuestras chicas sean explotadas, secuestradas o manipuladas en cualquier lugar del país. Así podremos conseguir que no exista una actividad tan deleznable como es la trata de personas. Si no podemos convencerlos por lo honorable, por lo moral, los deberemos convencer por un ejercicio de la política penal, porque no pueden consumir nuestras chicas, ni jóvenes ni menos jóvenes”, indicó el senador del FpV. En su blog, además, escribió: “Como indica Amnesty International, es deber del Estado no sólo impulsar una investigación seria y comprometida para identificar, juzgar y condenar a los responsables, sino también prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual”.

En Cordoba, donde se avanzó sobre el tema las Trabajadoras sexuales nucleadas en la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR), filial Córdoba, se concentran frente a la Legislatura provincial en rechazo al proyecto del gobierno de Córdoba de prohibir y clausurar los lugares donde se ejerza la prostitución.

A su vez realizan una radio abierta para reclamar la inclusión de esa organización gremial en el debate de los proyectos de ley impulsados por el Gobierno para luchar contra la trata de personas y la explotación sexual en la provincia. Ambas iniciativas empiezan a discutirse hoy en comisión en la Unicameral.

Eugenia Aravena, Secretaria general de AMMAR en Córdoba, señaló que les “preocupa el proyecto” ya que “el cierre total de los locales nocturnos implica que se acrecienten las mafias porque va a estar todo oculto”, aunque aclaró: “repudiamos enérgicamente la trata de personas, lo que planteamos es el reconocimiento sexual, queremos salir de la clandestinidad, trabajar con algún tipo de derecho”.

Aravena manifestó que “la falta de consulta por parte del gobernador José Manuel de la Sota a nuestra organización, invisibiliza al colectivo político organizado y demuestra que lo que se busca con los proyectos enviados a la Legislatura es criminalizar la actividad y no combatir la trata”.

Guido Dreizik, Secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) al que adhiere AMMAR, aseguró que lo que se pretende es que “se garantice el trabajo sexual bajo condiciones dignas de higiene y seguridad y ayudar a terminar con la actividad de los proxenetas y de quienes explotan sexualmente a las personas con impunidad”.

Por su parte, Nadia Fernández, legisladora de Unión por Córdoba, defendió las iniciativas oficiales que se debaten en comisión. “Las propuestas del Ejecutivo no apuntan contra las mujeres que por distintas circunstancias de la vida tuvieron que tomar el camino, quizá sin retorno, del trabajo sexual. Pretende terminar con quienes se enriquecen de manera ilícita con la explotación sexual de niñas y mujeres vulnerables”, remarcó.

Fernández no descartó que la estrategia legislativa avance hacia la penalización a los clientes de locales donde se prostituya a personas. “Sin demanda, no hay trata”, planteó la legisladora oficialista.

Habrá que ver en detalle los proyectos presentados pero a priori cabe señalar que como mínimo deberá incluir acciones de reinserción de las trabajadoras sexuales.

Nadie se prostituye por vocación, el ejercicio de la prostitución producto de la trata responde a un concepto de mafia  y la llamada prostitución voluntaria responde es producto de la marginación y falta de posibilidades de inserción laboral.