En el convenio, que lleva la firma de los ministros Julio Alak (Justicia), Juan Manzur (Salud) y Agustín Rossi (Defensa), se precisó que los imputados, procesados y condenados serán atendidos por problemas médicos en los hospitales de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz y no podrán ser tratados en los hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas.

El mayor (R) Jorge Olivera y el teniente (R) Gustavo De Marchi se encuentran prófugos desde el jueves pasado. Ambos habían sido condenados a principios de mes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En el marco de las medidas adoptadas para dar con el paradero de los dos represores, el Gobierno dispuso una recompensa de 2.000.000 de pesos «destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención».