El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, confirmó hoy que el organismo recurrió en queja a la Corte Suprema por un fallo de segunda instancia que dispuso cesar la intervención judicial a la empresa Papel Prensa. 

«Confío en que la Corte Suprema acepte nuestro recurso en queja» porque la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial «denegó el recurso extraordinario» por el fallo en que dispuso cesar la intervención, dijo Vanoli a Télam.

La Sala C de la Cámara rechazó los recursos extraordinarios de la CNV, la Secretaría de Comercio y la fiscal general Alejandra Gils Carbó, «pero las causales para la intervención judicial a Papel Prensa están plenamente vigentes», afirmó Vanoli.

El fallo recurrido anuló además las declaraciones de irregularidad de la CNV contra Papel Prensa y de esta forma puso fin a la intervención iniciada el pasado 8 de marzo.

Los camaristas sostuvieron en ese fallo que algunos argumentos del Estado, accionista minoritario de Papel Prensa, equivalían a «emular la estructura de controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi».

Por su parte la fiscal Gils Carbó calificó de «inusitados» los argumentos de los camaristas y dijo que «esos argumentos no guardan la menor relación con una argumentación de un fallo judicial».

En declaraciones a Radio Continental, la fiscal sostuvo que «vamos a ir en queja a la Corte Suprema», lo cual confirmó luego Vanoli a Télam.

Para la Comisión Nacional de Valores, el fallo recurrido «desconoció el derecho de los consumidores financieros y en consecuencia se pusieron en riesgo sus intereses económicos» y además «banalizó el rol regulatorio y fiscalizador de la CNV».

«Se ignoró un principio general para el funcionamiento eficiente de cualquier mercado de capitales en el mundo: el de información directa, veraz, suficiente y oportuna», añadió.

También «se convalidó que el accionar de una empresa en particular afectara los intereses de los consumidores financieros en general, mediante la distorsión de los mercados que implica el no cumplimiento de los requisitos de información incorporados en la normativa vigente».

La CNV recordó facultades propias como «el poder de policía» sobre empresas que realizan oferta pública de valores negociables, así como sus herramientas sumariales.

Entre otras objeciones, también afirmó que se otorgó a Papel Prensa privilegios mediante «un régimen distinto» del aplicado «al resto de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones» y se ignoró la Ley de Oferta Pública «en general y el régimen específico aplicable en particular».

Según la CNV, Papel Prensa «contó con tiempo suficiente para sanear las irregularidades detectadas y ejercer el derecho que le creía corresponder».

«No se analizó lo vinculado a la falta de cumplimiento de las normas por parte de la sociedad y de la repercusión que ello genera en el público inversor», sostuvo.

La CNV sostuvo que «se aplicó derecho administrativo cuando existe derecho específico en la materia que regía y regulaba el procedimiento».

«No se contempló el derecho bursátil, el derecho a la información que poseen constitucionalmente los inversores, el principio de transparencia y el interés general que surge de este caso», aseveró.