La Cámara Federal porteña ratificó la acusación por «descarrilamiento culposo agravado por haber causado lesiones en 105 personas», además de «sustracción de medios de prueba».

La decisión fue de la sala II del tribunal del apelaciones que confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia Ariel Lijo, según la resolución firmada hoy.

Una de las querellas y varios abogados defensores de los imputados en el juicio por la tragedia de Once denunciaron irregularidades en los procedimientos médicos para saber si el motorman Marcos Córdoba estaba o no alcoholizado.

Mientras el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, busca establecer si el motorman estuvo alcoholizado al momento del accidente, dado que uno de los análisis determinó que había 13 mililitros de alcohol en sangre, los abogados de la querella que representa la doctora Virginia Cassola, y varias de las defensas señalan las irregularidades cometidas durante la instrucción del juez Claudio Bonadio.

Según quedó comprobado en el juicio, la extracción de sangre a Córdoba por parte del médico legista Pablo Fariña fue practicada a las 14 horas del 22 de febrero de 2012, es decir casi seis horas después del choque, que sucedió a las 8:32.

Cuando se le mostró al testigo Fariña la foja 936 del expediente, donde consta que el sobre que contenía el resultado del análisis estaba abierto, el médico aclaró que le entregó el material al policía que cuidaba al paciente Córdoba, y que a partir de ese instante se desligó del asunto sin saber cómo siguió el proceso y el cuidado del sobre con la muestra.

Por su parte, el médico legista Héctor Bello explicó que a la hora en que se tomó la muestra, era casi imposible hallar registros altos de alcohol en sangre en el motorman, más teniendo en cuenta que durante la mayor parte del tiempo que transcurrió desde el momento del accidente, Córdoba recibió suero por vía endovenosa, de modo que cualquier sustancia que tuviera en la sangre pudo haber sido diluida.

Ahora el Tribunal deberá decidir si da por válidas las objeciones de los abogados, que apuntan a Bonadio por no haber pedido expresamente que se protegiera un material clave para conocer el estado de salud de quien conducía el tren chapa 16 al momento del siniestro.