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Convivir con el virus: Un año del aislamiento y las desigualdades al desnudo

El 20 de marzo de 2020 comenzaba a regir el decreto 297/20. Argentina se sumaba a los países que disponían una estricta cuarentena para evitar la circulación de una nueva cepa de coronavirus. Aislamiento y distanciamiento, curva de contagios y testeos, vacunas e inmunidad comenzaron a ser conceptos que ocuparon la principal agenda política mundial.

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La presencia del virus, y la respuesta política para enfrentarlo, significó un acelerante para la desigualdad social que había impuesto el capitalismo como marca indeleble. Durante la pandemia los pobres son cada día un poco mas pobres y los ricos, son cada día un poco mas ricos, y el Estado aún está a kilómetros de poder operar como instrumento para resolver esas desigualdades.

En su sorpresiva cadena nacional del 18 de marzo, el Presidente Alberto Fernández enumeró algunos de los esfuerzos del Estado para equipar el sistema de salud en la Argentina. Mencionó los 12 hospitales modulares que se construyeron para que a nadie le falte una cama en la pandemia. La inversión, según informes del Ministerio de Obras Públicas fue de 2.200 millones de pesos que se obtuvieron con fondos de Naciones Unidas.

Asimismo, se mencionó la compra de mas de 3000 respiradores para equipar las Unidades de Terapia Intensiva del sistema de salud, lo que según valores internacionales podría significar una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos.

Los desequilibrios saltan a la vista cuando se coteja que, apenas en el pago de intereses de Leliq, el Estado debió pagarle a los Bancos 880.000 millones de pesos en apenas un año. Suma que, a su vez, sextuplica la inversión en los 30.000 pesos que embolsaron 8 millones de compatriotas durante tres meses de 2020 por el IFE.

El alza en los precios internacionales de materias primas como la soja, el trigo y el maíz, el récord histórico de exportaciones de carne, permitieron que un puñado de 20 grandes empresas se embolsaran miles de millones de dólares por la comercialización internacional de granos y carne vacuna.

El reflejo en la economía doméstica fue un incremento especulativo de los precios en el mercado interno. Al mismo tiempo, la pandemia operó como excusa para que esas mismas empresas para flexibilizaar las condiciones de trabajo y obstaculizar la recomposición de salarios de sus trabajadores.

La perdida de puestos de trabajo fue una oportunidad para que las empresas de plataformas como Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber contaran con un ejército de trabajadores dispuestos a vender su fuerza de trabajo bajo la figura ilegal de “socio colaborador”. Un eufemismo para calificar la explotación laboral bajo régimenes de servidumbre económica que llegó para quedarse en el diseño de una nueva normalidad.

Así como los Precios Cuidados y los Precios Máximos no pudieron contener la voracidad especulativa de los formadores de precios, la prohibición de despidos no evitó los retiros voluntarios o el fraude en los despidos con causa que acompañaron la pandemia. Tampoco, la prohibición de desalojos impidió las extendidas postales de familias organizando sus pertenencias en improvisadas casillas callejeras.

Aquella jactancia del Estado presente, y los gestos de autoridad efectiva del poder institucional que recorrían la comunicación política de los primeros meses de la pandemia, fue desdibujándose progresivamente ante cada cachetazo del poder económico. Apenas vestigios quedan hoy de aquella perspectiva que marcaba la preponderancia del Estado en el sistema de toma de decisiones.

De aquella voluntad inequívoca de expropiar Vicentín y hacer nacer una empresa pública testigo que permita intervenir el comercio exterior de granos y regular los precios de alimentos en el mercado interno, decisión que se evaporara en semanas, llegamos al límite de pedirle a los formadores de precios que nos informen sus costos y stock de producción por declaración jurada.

Así como la pandemia, a un año de la decisión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no se desapareció de la agenda política global; el Estado Nacional no perdió definitivamente su batalla contra el poder económico para mejorar la vida de los argentinos. Aún queda la oportunidad de recuperar dominio de la situación, apartar de las decisiones económicas los intereses de los sectores concentrados de la economía y vertebrar una agenda razonable para vehiculizar un ciclo de justicia social en nuestro país.

Hace apenas 48 horas, Mauricio Macri, dueño de una extraña patología cínica, sostuvo que su política exterior le habría permitido a la Argentina contar con millones de vacunas que estarían siendo aplicadas en éste mismo instante. Mas allá de su delirio digno de estudio científico, lo cierto es que todo indica presumir que su gestión de la crisis hubiera sido una auténtica catástrofe social.

Pero claro, eso es contrafáctico. Producto de la especulación. Lo que es mucho menos especulativo, es cotejar este momento de la historia con un tiempo pasado, y la agenda que supo construir la Argentina para reparar el deterioro de nuestro cuerpo social.

Allá por 1945, cuando el mundo contaba los millones de muertos de la segunda guerra mundial, en plena caída del empleo global, en pleno derrumbe del salario en el mundo entero y un alza en los precios internacionales de los comodities, en la Argentina irrumpió el peronismo, para poner el Estado presente en el centro de la economía, recuperar los resortes del comercio internacional y comenzar a diseñar un ciclo justicia social que sigue marcando a fuego la historia de nuestra Patria.

Sin dudas, ojeando ese espejo retrovisor de nuestra historia, existen muchas más certezas para conocer las respuestas para un futuro que sigue esperando que la normalidad sea dejar de sobrevivir y comenzar a vivir con dignidad.