Esto fue tomado por medios y políticos opositores al Gobierno nacional y lo repitieron vehementemente, sosteniendo que la Corte sufriría un recorte de casi el 40 por ciento.
Desde el Gobierno, tuvieron que salir a aclarar que tal noticia no se correspondía con la verdad ya que el presupuesto destinado a la Corte para el año entrante se incrementó un 18,88 por ciento en relación con el del año en curso, y que la polémica no es a raíz de un recorte sino de una diferencia entre la cifra que solicitó la Corte y la que asignó el Ejecutivo para 2011. Esto provocó que se investigara algunos gastos que la CSJN cubre con el presupuesto asignado.En septiembre de año pasado, se realizó la Conferencia de las Cortes Supremas de las Américas, en el que más de 30 jueces del continente americano informaron sobre el estado de los poderes judiciales de sus países con respecto a cinco ejes temáticos relacionados con el Estado de derecho: Independencia Judicial, Organización y Gestión del Poder Judicial, Ética Judicial, Debido Proceso y Tribunales Internacionales y Cortes de las Américas.Para que esta conferencia fuera posible, la Corte Suprema de Justicia argentina debió autorizar algunos gastos. Así, los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt y Ricardo Lorenzetti resolvieron declarar de interés los encuentros superpuestos de jueces, por medio de la Acordada Nº 33/09.En ese marco la CSJN autorizó el pago de 207.649,79 pesos para la contratación de 12 habitaciones singles en el Hotel Hilton Buenos Aires, sede del evento. Con esta suma se cubrió también la utilización del salón Buenos Aires, en el que sus señorías desarrollaron sus reuniones. Pero, un poco más tarde, el propio Lorenzetti debió autorizar, en función de la declaración de interés dispuesta por la Acordada Nº 33, una nueva partida, esta vez por un total de 54.233,60 pesos.Finalmente, los jueces y funcionarios norteamericanos debían viajar a la lejana Argentina y para ello fue necesario destinar una nueva suma de dinero. El vuelo de los magistrados significó una erogación de 86.000 pesos. Pero también se necesitó un cambio de alfombras en el Palacio de Justicia para que el país estuviera a la altura de las circunstancias que tuvo un costo de 61.583 pesos. La suma de todas las cifras mencionadas dio un total de 409.466,20 pesos. Por otra parte, para que sus señorías pudieran trasladarse por la ciudad, se determinó la compra de cuatro automóviles. El modelo seleccionado fue el Volkswagen Vento 2.5 Luxury, con transmisión automática Tiptronic. Para ello fue convocada la Licitación Privada Nº 158/2009, que resultó favorable a la firma Guillermo Dietrich SA, que pertenece a la familia del actual director general de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En la licitación se exigió que los automóviles debían ser de alta gama, tipo sedán, cuatro puertas, con motores a nafta. Además, cada auto –cuyo color debía girar en la gama de los grises o azules– debió contar con aire acondicionado con climatizador automático, asientos tapizados en cuero, sistemas levantavidrios eléctricos en cada una de sus puertas, cristales antivandalismo y sistema de manos libres para telefonía, entre otras características.Por esta compra la Corte abonó 503.702,64 pesos. Éstos, finalmente, fueron entregados a destiempo por la firma adjudicataria, que fue multada por esa razón con un descuento del 1 por ciento del contrato, lo que significó un descuento de 5.037,03 pesos.Casualidad o no, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió seguir el ejemplo y adquirió también un vehículo de alta gama. Para ello invitó a las concesionarias de la marca Volkswagen Salvador Pestelli SA; Tito González SA y Guillermo Dietrich SA a que cotizaran precios por el modelo Volkswagen Vento Advance FSI 2.5. La contratación fue directa y los ministros María Conde, Alicia Ruiz y José Casás dispusieron la adquisición del rodado tras aceptar la propuesta presentada por la concesionaria Dietrich SA –la misma que se adjudicó la licitación convocada por la CSJN–, que propuso un precio de 106.102 pesos, incluyendo en el total gastos de flete, alistamiento y emisión de formularios de inscripción.Estas acciones exigen, eso sí, una extrema responsabilidad, en cuanto a la ejecución del presupuesto asignado para que la justicia pueda seguir funcionando, responsabilidad que sin duda tendrá la Corte Suprema de Justicia.
