La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró esta tarde durante el acto de firma de convenios entre las carteras de Desarrollo Social y Salud que «existe la necesidad de regular a las prepagas» y sostuvo que «el nivel de queja de las obras sociales es inferior al de las prepagas».

«Existe concentración. 25 obras sociales concentran el 80 por ciento de los que tienen cobertura fuera de la salud pública. Ha habido una evolución muy importante en cuanto a la incorporación de fondos a las obras sociales. 3.129 millones de pesos recaudaban en 2003 al asumir Kirchner. En 2010 recaudaron 19.610 millones, un 526 por ciento más: por generación de puestos de trabajo y mayor poder adquisitivo y por haber eliminado el Ejecutivo el tope de las contribuciones patronales y aumentado los aportes», aseguró.

Asimismo cuestionó a los laboratorios: «Alguna vez tendremos que hablar con los laboratorios para saber por qué una simple ampolla para hemofílicos cuesta 50 mil pesos».

«Esa persona necesita esa ampolla porque, de lo contrario, se muerte. Y de ahí que debe costar tanto. Hay que abordar el tema. Existe actualmente una gran inversión por parte del Estado, que protege a 16 millones de habitantes», destacó la presidenta, quien agregó que hay cuatro millones y medio de personas que cubre el PAMI y, otros tantos, en la medicina prepaga, además de quince millones que abastecen las obras sociales.

Para Cristina Fernández de Kirchner con la promulgación de la ley que regula la medicina prepaga que «no nos estamos apropiando de nada, porque esta ley fue sancionada por el Parlamento» y añadió que «no desvirtuaremos lo que hizo el Congreso».

«El Estado debe unificar las políticas y centralizar la información» y consideró  que el PAMI es «la obra social de mayor impacto en la compra de medicamentos especiales: oncológicos, hemofílicos e HIV».

«El PAMI compra el 40 por ciento de esos medicamentos. La industria farmacéutica está sumamente desarrollada y continuamos trabajando en ello, fundamentalmente para importar menos y producir en el país, como así también lograr precios acordes. Es muy importante la gestión conjunta del Estado con su poder de compra. Desde la Superintendencia de Salud hay que orientar el formidable poder de compra que también tienen las obras sociales», añadió.

Cristina puntualizó que «nadie debe sentirse perseguido o creer que se va a fundir o desfinanciar. Sólo queremos equilibrar a la sociedad en el sector salud, ya que existe un 60 por ciento de habitantes que está en el sector no público. No debemos sentirnos enemigos. Hay que acordar que funcionen tanto las prepagas como las obras sociales», señaló la presidenta.

La presidenta aseguró que «el tema abordado aquí constituye una verdadera política de Estado porque hemos promulgado la ley de la medicina prepaga».

«Esto involucra a más de 4 millones y medio de usuarios y, además, se ha puesto en marcha la trazabilidad de los medicamentos para los enfermos de cáncer, hemofílicos y HIV, que son los tres medicamentos más caros que han sufrido falsificación y adulteración, y también robo, todo lo cual es un paso trascendental», indicó la mandataria.

Según ella «es preciso estar presente en el drama de la persona enferma y hay que garantizarle el derecho a la salud y que pague lo que corresponde».

«Hay que controlar y regular a las prepagas, como también se realiza sobre los bancos. La regulación no impide la rentabilidad. Ese verso fue el de las políticas neoliberales de los `90, que hoy no se traga nadie. No repitamos más como loros lo que se dijo tantas veces y nadie pudo comprobar. Es precisamente al revés.  Apostamos a institucionalizar y transparentar, para lo cual hay que saber y conocer y, ello, depende de la información», señaló la jefa de Estado.

Asimismo aclaró que «no existía ningún tipo de regulación en el sector de las prepagas, pero sí en el de las obras sociales» y añadió que «no debe haber temor».

«La ley prevé que el Estado podrá aumentar o fijar cuotas especiales para personas enfermas que se afilien a las prepagas. El promedio de aportes en el sector es de mil pesos en las más caras y, las menores, de 569 pesos. Las obras sociales, en cambio, no alcanzan los 369 pesos», aseguró la presidenta.

A su vez afirmó que «la medicina prepaga toma normalmente a la gente sana y joven» y sostuvo que, sin embargo, existen «más quejas en el sector privado que en el de obras sociales».

«Nadie está procurando que se funda ninguna empresa y lo hemos demostrado hasta ayudando a pagar los sueldos para que no echaran a la gente. Valoramos las inversiones y el esfuerzo. Las prepagas continuarán siendo rentables. Pero hay que garantizar el derecho de todos los usuarios. No es ningún negocio para el Estado que se fundan. Hay que ser racionales, serenos y equilibrados. Esto tiene que ver con la política pública», puntualizó la presidenta.

También consideró «preciso lograr en los plazos previstos la trazabilidad de los medicamentos» y afirmó que «se impone el contralor estatal en cuanto a la calidad de los productos desde el laboratorio hasta el paciente».

«Mi idea es que se incorpore la digitalización de las recetas médicas para tener una fotografía más acabada de la salud. Hay que controlar a los laboratorios, droguerías y farmacias y, también, a todo el sector de la medicina. Esto también servirá a los laboratorios. Debe haber entrecruzamiento de datos entre diferentes regiones», finalizó la presidenta.

Previamente, el ministro de Salud, Juan Manzur anunció un Programa de Trazabilidad de Medicamentos que permitirá registrar la movilidad de éstos desde su elaboración en los laboratorios hasta su llegada al paciente, tras lo cual habla por cadena nacional desde Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Manzur señaló que este programa comenzará a partir del 15 de junio y sostuvo que éste permitirá controlar la legitimidad de los medicamentos para evitar situaciones anómalas.