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Denuncia al gobierno riojano por la represión en Famatina

La denuncia es por “lesiones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Denuncia contra el gobierno de La Rioja.

A raíz de la represión por parte del gobierno riojano contra manifestantes en Famatina, el diputado nacional Julio Martínez (UCR – La Rioja), esta tarde, ante la Justicia Federal denunció al jefe del operativo policial, al ministro de Gobierno Claudio Saúl y al mandatario provincial Luis Beder Herrera.

La denuncia es por “lesiones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El referente radical explicó que su planteo judicial se basa en las lesiones provocadas por la represión de efectivos policiales de Famatina, Chilecito y cuerpos especiales de Infantería de La Rioja en ocasión de haber acompañado, el pasado 15 de octubre por la mañana, a la comunidad de Famatina y a las Asambleas Ciudadanas.

Respecto a la manifestación, Martinez subrayó que fue pacífica y que el objetivo había sido “notificarle a MIDAIS SH sobre la clausura del emprendimiento por parte del Municipio de Famatina y hacerle saber que no cuenta con ‘licencia social’ para llevarlo a cabo”.

El mismo día, junto al ex intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, Martínez había realizado la denuncia ante el agente fiscal del Departamento Chilecito, fundada en lesiones constatadas por el médico forense del Juzgado de Chilecito.

Ayer, en el Juzgado de Chilecito, integrantes de las Asambleas presentaron más de 70 “habeas corpus preventivos por amenazas y cercenamiento de la libertad ambulatoria”.

“Las comunidades directamente afectadas por este tipo de explotación asumen, con firmeza y mediante manifestaciones absolutamente pacíficas, su postura ciudadana en contra de la actividad minera a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas que los gobiernos provinciales insisten en mantener y/o instalar”, indicó Martínez.

“En ese sentido, las represiones policiales y para-policiales que la comunidad sufre desde hace años, provocan una tensión social con múltiples consecuencias sobre la vida personal y laboral de los ciudadanos comprometidos con la causa ambiental”, concluyó el legislador riojano.