La AFIP, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, realizó un allanamiento en un establecimiento agropecuario ubicado en el Paraje Monte del Rosario (Córdoba) donde detectó extremas condiciones de insalubridad y precariedad en tres campamentos donde trabajadores rurales realizan tareas manuales de desflore de maíz.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal N° 3, a cargo del Dr. Ricardo Bustos Fierro y participó también la Gendarmería Nacional.

Los funcionarios de la AFIP relevaron a 158 trabajadores, de los cuales 140 hacen la tarea de desflore del maíz y el resto se dedican al mantenimiento de los cultivos y preparación de la tierra. Los empleados manifestaron que fueron empleados por Adecco Specialities S.A., empresa que fue contratada por Pioneer Argentina S.R.L. 

Además los peones comentaron que fueron llevados a los campos desde varias localidades de la Provincia de Santiago del Estero.

En el relevamiento, los funcionarios de la AFIP constataron que los trabajadores rurales cobran 97 pesos diarios y que se lo pagan al finalizar todo el trabajo, previo descontarle dinero en caso de dañar las plantas que tratan. Ninguno de los trabajadores conocía como medirían dicho daño, por lo que, en definitiva no saben cuánto cobrarán.

Asimismo los trabajadores no tienen permitido abandonar el predio hasta que terminen el trabajo. El campo está aproximadamente a 40 kilómetros de tierra de una ruta por la que transita el transporte público.

Según el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray,  “la tarea operativa de seguridad social se focaliza en recaudar los aportes de los trabajadores y las contribuciones que sostienen el sistema previsional. Los empleados que no están registrados carecen de la cobertura de una obra social para sí y su grupo familiar. Además no gozan de ninguna protección ante los riesgos del trabajo y frente a la posibilidad del desempleo. Tampoco reciben las asignaciones familiares correspondientes y no podrán acceder a una jubilación”,

El funcionario agregó que “el trabajo prestado en las condiciones que detectamos es ilegal. Pero si el trabajo es prestado en condiciones infrahumanas, como las que detectamos en este campo, estamos hablando de esclavitud, que en el siglo XXI no podemos permitir que ocurra. En este caso se descubrió una planificación laboral nociva de un grupo económico multinacional”.

Por su parte, el director general de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, evaluó que “las empresas que tercerizan a sus trabajadores deberían controlar que los empleados que prestan servicios lo hagan en las condiciones establecidas por la ley. De lo contrario, estamos frente a un ardid para eludir las verdaderas responsabilidades como empleadores”.

La AFIP realizó los controles en los campos que estaban a 40 kilómetros de los servicios esenciales. En total, se verificaron la existencia de cinco campamentos repartidos en todo el predio donde los trabajadores estaban alojados en casillas de chapas sin ningún tipo de aislante térmico ni contra alimañas e insectos. Cada cabaña mide aproximadamente 2,20 metros de altura por 1,50 de ancho. En ningún caso hay luz eléctrica.

El agua para consumo está en tanques de PVC apoyados sobre la tierra y expuestos al sol durante todo el día y se extrae de los mismos pozos usados para el riego de los campos.

Los baños de los campamentos son construcciones de tres lados que no tienen puerta y con un pozo donde van los residuos. Hay sectores de duchas, aunque algunos empleados manifestaron que nunca tienen agua.  Como consecuencia la empresa fue sancionada y las acciones se encuadran en delitos previstos en la ley 24.769 por evasión previsional que prevé penas de prisión de dos hasta seis años.

A su vez, la AFIP ya presentó la denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial.