Juan Grabois, vocero del El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), explicó que «el Contrato de Gestión Social para la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, dice claramente que nuestros uniformes deben ser confeccionados por cooperativas textiles que garanticen trabajo decente para sus asociados, pero de un día para el otro le sacaron el contrato a los compañeros del polo textil y se lo dieron a esta empresa que creemos que los hace en talleres clandestinos».

«La cooperativa que nos hacía los uniformes lo hacía con eficiencia, entregando ropa de calidad en tiempo y forma a un precio competitivo”. 

“Cuando Segumat  tuvo su contrato de más de cinco millones de pesos firmado, a los primeros que fue a ver fue a ellos para tercerizarles un trabajo que hasta ese entonces hacían directamente», agregó.

El dirigente contó que «los costureros les pasaron el precio de siempre y como no les cerró, quisieron presionarlos para que trabajen por menos plata; al final se fueron y no sabemos dónde terminaron haciendo estos uniformes defectuosos que nos están entregando, todo hace sospechar que usan la mano de obra esclava de los talleres clandestinos».

«Cuando los cartoneros impusimos en el acuerdo con el gobierno porteño la cláusula sobre quién debía confeccionar nuestros uniformes, lo hicimos para garantizar que no se utilizara en esa tarea mano de obra esclava ni se fomente la trata de personas», señaló.

«Si los funcionarios no aclaran este tema el próximo jueves a las 15 los cartoneros y la fundación La Alameda vamos a manifestarnos frente al ministerio de Ambiente y Espacios Públicos de la ciudad», advirtió Grabois.

«El Contrato de Gestión Social para la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, dice que nuestros uniformes deben ser confeccionados por cooperativas textiles que garanticen trabajo decente para sus asociados»

Juan Grabois 

El vocero del MTE aclaró que «lo de los uniformes es apenas la punta de un iceberg, los trabajadores cartoneros estamos teniendo serios problemas en la implementación del Contrato de Gestión Social para la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos que regula nuestra actividad».

«A seis meses de iniciado el contrato, el gobierno porteño todavía no planteó un sistema de comercialización mayorista de los recursos recolectados, que es lo que le permitiría a los trabajadores poder obtener un precio justo por lo que recolectan y evitar esos galpones ilegales donde les pagan lo que se les canta o a veces hasta terminan aceptando canjes que no los benefician», cuestionó.

«Además, hay por lo menos 1.500 cartoneros que todavía no han sido incluidos en el programa de recolección, y entre los que ya están cobrando el beneficio hay por lo menos 2.000 a los que todavía no se los incluyó en la obra social», continuó.

Grabois explicó que «el convenio por el cual los cartoneros recolectan una parte de los residuos sólidos de la ciudad compromete al gobierno porteño al pago del beneficio de mil cuatrocientos pesos por mes, a garantizar obra social, guarderías en distintas zonas, seguro de accidentes personales, comodato de camiones y espacios verdes, pero muchas de estas cosas no se cumplen».