Organizaciones civiles de Entre Ríos alertaron a la población sobre una notable tardanza de los gobiernos provincial y municipal en la aplicación de normas para la prevención de trata de personas y la asistencia concreta a las víctimas rescatadas de prostíbulos y establecimientos de producción.

La presidenta de la Red de Alerta, Silvia Montaño, recordó que en Paraná se sancionó la ordenanza 8955 y en la provincia la ley  10032, dos instrumentos legales para prevenir la trata de personas en Entre Ríos, pero advirtió que “hasta ahora no se ha convocado a las organizaciones sociales para conformar las comisiones respectivas que deben controlar la implementación y cumplimiento de las mismas”, según publicó un medio local.

Montaño señaló que “la demora en poner en marcha el mecanismo legal para luchar entre todos contra las redes mafiosas de explotación sexual y laboral, tiene graves consecuencias, ya que en materia de prevención desde los Estados provincial y municipal no se realizan campañas y acciones efectivas. En lo que hace al momento del rescate de víctimas, no se resguarda la integridad física y psíquica de las personas afectadas” y agregó que “tampoco se han concretado otros espacios de participación”.

Así recordó que el vicegobernador Eduardo Laurito “no ha contestado el pedido de audiencia de las entidades civiles efectuado en el mes de marzo de este año, para discutir sobre un proyecto de ley de adhesión a la norma nacional 26.485 de violencia de género, dado que es necesario adaptar los códigos de procedimiento de la provincia”.

La dirigente también llamó la atención sobre la inoperancia de la Mesa de Fortalecimiento Familiar. “Hace un año que no avanza en el protocolo de atención de la violencia familiar, ya que han dejado de concurrir ministros y funcionarios que tienen poder de decisión para mejorar la atención a las víctimas de este flagelo”, afirmó.