El director general de Recursos de la Seguridad Social de la La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Sánchez, sostuvo que al ser ese organismo una agencia única integrada en todo el país, está en condiciones de utilizar todas las herramientas legales de las que dispone el Estado para sancionar a los incumplidores.

Lo dijo en referencia a que la AFIP denunció penalmente a 136 empleadores por violar normativas laborales.

«Un mal empleador para nosotros seguramente va a ser un mal contribuyente, o un usuario del comercio exterior que no cumple acabadamente con las normas», señaló el funcionario.

Los 521 operativos realizados por el organismo desde enero del año pasado permitieron relevar a 6.562 trabajadores, de los cuales más de la mitad (3.367) presentaban situaciones irregulares.

La mayor parte, 2.909 trabajadores, no estaban declarados por los empresarios empleadores, mientras 458 eran menores o indocumentados, según las estadísticas de la AFIP.

Por ejemplo, el primer operativo de la actual campaña se realizó en Paraje Monte del Rosario, Córdoba, donde se constataron violaciones a la ley por parte de empresas relacionadas con el agro.

Otros casos emblemáticos fueron los de Traco Pozo (Chaco, explotación forestal); Rada Tilly (Comodoro Rivadavia, construcción); La Rioja (horno de ladrillos); Villa María (Córdoba, Construcción); Pedro Luro (Buenos Aires, producción de cebolla); y Bahía Blanca (Buenos Aires, venta de armarios).

En la mayoría de los operativos se detectó que los trabajadores vivían y desarrollaban sus tareas en un ambiente de extrema precariedad, no contaban con las mínimas condiciones de higiene, salubridad y seguridad laboral y no tenían luz, agua potable ni lugares donde refrigerar y guardar los alimentos.

En algunos casos extremos, las viviendas eran construidas con bolsas de nylon y palos sobre el suelo de tierra, y se detectaron menores y mujeres viviendo en los campamentos, así como trabajo infantil y de indocumentados.

Los procedimientos realizados apuntan en particular a restituir derechos a los trabajadores, en el contexto de una red institucional en la que participan los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social, de Interior, y de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, 1.178 trabajadores fueron registrados a posteriori de los operativos, a la vez que se cursaron acciones penales contra los 136 empleadores que incumplían la ley.

En la detección de casos de explotación laboral y sanciones actúan AFIP y los Ministerios de Trabajo y de Interior; en la denuncias de casos extremos interviene la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas; y en la asistencia y acompañamiento de los trabajadores damnificados participan los Ministerios de Justicia y de Desarrollo Social.

También intervienen, en los casos que lo requieran, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Migraciones y la ANSeS.