La Secretaría de Derechos Humanos manifestó «su más enérgico repudio» a las declaraciones que hizo el juez de la Corte Suprema de Tucumán, René Goane, quien adjudicó una baja productividad de los juzgados de esa provincia a la creciente incorporación de las mujeres al Poder Judicial.

En declaraciones a un medio local, el Juez afirmó que “desde que se intensificó el ingreso de personal femenino se trabaja menos tiempo, mal que le pese a la doctora Carmen Argibay (jueza de la Corte Suprema de la Nación), que creó una oficina de género que discrimina a los varones».

Además atribuyó a la mujer la «instalación de la cultura del medio día» y que «quieren entrar a Tribunales para tener la tarde libre.”

«La Secretaría de Derechos Humanos reitera que las manifestaciones del juez Goane son inadmisibles y que, al mismo tiempo, contradicen la doctrina que anima y orienta las decisiones de plena vigencia y garantía de los Derechos Humanos dictadas por la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación», enfatizó en un comunicado.

Además, Derechos Humanos aseguró que «esas expresiones son contrarias a la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos de los que la República Argentina es signataria, como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer».

Explicó que las declaraciones que realizó el magistrado tucumano «incurren en violencia simbólica e institucional, tipificadas con claridad en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485)».

También recordó desde el 2003 el Gobierno Nacional definió las políticas de Derechos Humanos como políticas de Estado, lo cual fue reafirmado por unanimidad en el Congreso de la Nación.

Asimismo, afirmó que «la construcción y consolidación de una sociedad igualitaria es una finalidad política, económica, social y cultural prioritaria para nuestra presidenta Cristina Fernández».

Por último, la secretaría recordó que a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán, oportunamente la cartera efectuó un dictamen en relación a la actuación del Juez Goane como funcionario público en distintos gobiernos durante las dictaduras de 1966/1973 y 1976/1983.

Ese informe concluía afirmando que se podía acreditar la participación de Goane en organismos de poder y el ejercicio de cargos de responsabilidad en los poderes del Estado tucumano durante la última dictadura militar.

De esa manera la Secretaría demostró que el magistrado estuvo vinculado con «la estructura implementada en el ejercicio de la represión ilegal durante el período del terrorismo de Estado».

Por eso afirmó que «está inhabilitado éticamente para el desempeño del cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, más allá de que le sea o no probada judicialmente la comisión de desapariciones, homicidios u otros crímenes de lesa humanidad».

El comunicado que envío la Secretaría estaba firmado por su titular, Eduardo Luis Duhalde, y por los subsecretarios de Promoción de Derechos Humanos, María Cristina Perceval y de Protección de Derechos Humanos, Luis Hipólito Alén.