Sociedad

Designan a los jueces que decidirán las penas de los condenados

Los magistrados Emilio Páez de la Torre, Dante Ibañez y María Elisa Molina integrarán la Sala II de la Cámara Penal, y serán quienes otorgarán las penas a los condenados en el marco del juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón en 2002.

Los jueces designados dictarán la pena por el caso Verón.

Los jueces que decidirán las penas de los condenados por la causa de secuestro y desaparición de Marita Verón en 2002 fueron designados. Ellos decidirán las penas de las personas acusadas en la causa.

 

Se trata de Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y María Elisa Molina fueron designados hoy por sorteo para integrar la Sala II de la Cámara Penal, la cual impondrá las penas sobre los sentenciados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón en 2002.

 

El sorteo surge tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revocó parcialmente el fallo absolutario a los 13 imputados por el secuestro de Marita y condenó a diez de ellos. 

 

Ayer, a un año después del polémico fallo que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón el 3 de abril de 2002, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó parcialmente esa resolución y condenó a 10 de los acusados. 

 

Los miembros de la Corte consideraron coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de Marita a José Fernando «Chenga» Gómez, su hermano Gonzalo José Gómez, Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González. 

 

Además, condenó como partícipes necesarios de esos delitos a Juan Humberto Derobertis, María Azcuena Márquez, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán y Domingo Pascual Andrada. 

 

En cambio, mantuvieron la absolución para María Jesús Rivero, ex pareja de Ángel «La Chancha» Ale, y su hermano Víctor Rivero. 

 

La mujer había sido denunciada por Susana Trimarco, madre de Marita, de haber ordenado el secuestro de la joven, mientras que su hermano estaba acusado de ser el encargado de raptarla. 

 

Ambos fueron señalados como supuestos autores intelectual y material del hecho, respectivamente, y según Trimarco son los principales responsables de la desaparición de su hija. 

 

Además, la Corte dispuso la extinción de la acción penal contra Lidia Irma Medina, como consecuencia del fallecimiento de la imputada el 25 de febrero.