La cartera que preside Carlos Tomada realizó fiscalizaciones en las actividades de construcción, servicios (vigilancia, maestranza y promotores) y gastronomía durante las etapas previas de armado de estructuras de stand, exposición y desarmado.  

De las 126 empresas fiscalizadas, 58 se encontraban en infracción, y de los 652 trabajadores relevados, 173 se encontraban sin registrar.

Además se registraron 11 adolescentes y ninguno de ellos contaba con la autorización de los padres, indispensable para poder trabajar.

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, sostuvo que “el Estado tiene el rol decisivo de la inclusión social y el trabajo registrado es incluir a los trabajadores en el mundo de los derechos laborales, por esto continuaremos y reforzaremos estos operativos de fiscalización”.