Organizaciones sociales denunciaron la detención ilegal de cinco vecinos en Cuesta Blanca, localidad ubicada a 50 kilómetros de la capital cordobesa.
«La Policía de Córdoba irrumpió nuevamente, sin orden judicial, en los terrenos que son objeto de posesión en el barrio Comechingones y detuvo de manera ilegal a cinco vecinos», afirmaron dirigentes de Encuentro de Organizaciones (EO).
Los hechos sucedieron ayer y los vecinos fueron detenidos por supuesta “tentativa de usurpación” cuando «se encontraban resistiendo las acciones de un corredor inmobiliario que intentaba cortar los alambres de los terrenos y desmontar las aun precarias construcciones de los habitantes», según precisaron desde EO.
Desde EO lamentaron que alguien que se identifica «como operador inmobiliario» tenga por «función la venta ilegal de posesiones» de «terrenos que no le corresponden, ya sean fiscales o privados a los que se les ha perdido el rastro porque no tiene herederos, o porque pertenecen a sociedad anónimas creadas durante los años 50 y 60 y hoy se encuentran dadas de baja».
Los detenidos fueron trasladados por la Departamental Punilla de la Policía desde la Comisaría de Icho Cruz, donde inicialmente fueron alojados hacia Carlos Paz.
«Convocamos a las organizaciones sociales y políticas a acompañarnos en esta lucha, dado el preocupante accionar policial que hemos observado en los últimos días, y ante la negativa, por parte de las autoridades públicas, a hacerse cargo de los violentos procedimientos que se vienen realizando en Cuesta Blanca», subrayaron desde EO.
El presidente de la Cooperativa Solares de Icho Cruz, contó que «está mucho más complicado entrar alimentos al lugar porque quieren generar desgaste».
«Para mover esa cantidad de policías la orden la tiene que dar una autoridad muy importante. Detuvieron a quien estaba ocupando la carpa, se lo llevaron y pasó una hora hasta que decidimos tomar la comisaría hasta que apareció».
Asimismo agregó que «esta es una decisión política, se declaró un estado de sitio en Cuesta Blanca. El fiscal dijo a un medio que en ningún momento ordenó desalojar».
La toma es llevada adelante desde el mes de septiembre por 80 familias, de características absolutamente pasivas.
La seguidilla de detenciones y desalojos sin orden, intentan hacer pasar esta situación como tentativas de usurpación, siendo que los vecinos poseen desde agosto de pasado año terrenos en la quebrada que pertenecen a empresas en quiebra.
