Sociedad

Detuvieron al dueño de Vitnik por «trata y tráfico de personas»

También fueron detenidas otras cinco personas, tras decenas de allanamientos en dependencias de la firma Vitnik, así como en garages y casas particulares donde funcionaban talleres textiles clandestinos en los que los trabajadores vivían en condiciones de hacinamiento.

Seis personas fueron detenidas, entre ellos el propietario de la marca comercial Vitnik, tras una veintena de procedimientos ordenados por el juez federal número uno de la capital mediterránea, Ricardo Bustos Fierro, con intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el marco de una causa por «trata y tráfico de personas».

Según informaron fuentes de la justicia federal de Córdoba, las detenciones se practicaron tras una veintena de procedimientos realizados entre el lunes y ayer en distintos talleres textiles de la empresa Anavi, cuya marca comercial es Vitnik, en la capital mediterránea.

Entre los detenidos se encuentra el propietario de la firma Anavi, Ramín Tovfigh Rafii; Juan Manuel Nieto, gerente de producción; Martín Gustavo Aldorino, repartidor de Anavi y Néstor Emilio Uncini, empleado de la empresa.

También fueron detenidos Oscar Barrientos Pérez y Lúxela Garay Nacha, ambos de nacionalidad peruana, que habrían actuado como reclutadores de los trabajadores.

En cuanto a las seis personas rescatadas, que habrían estado trabajando bajo un sistema de explotación, cinco son hombres, entre ellos uno de nacionalidad peruana y una mujer, también de esa nacionalidad.

Según indicaron las fuentes, entre los trabajadores rescatados se encuentra un menor de 16 años, cuya edad se determinó por sus declaraciones ya que estaba indocumentado y no se descarta que pueda haber más menores en esa condición.

Los allanamientos se realizaron en dependencias de la firma Vitnik, así como en garages y casas particulares donde funcionaban talleres textiles clandestinos en los que los trabajadores vivían en condiciones de hacinamiento.

De los operativos participaron, además del fiscal federal Enrique Senestrari, la AFIP, la Dirección de Migraciones y el grupo de Trata de Personas de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba.