Según Corcuera, la Ciudad de Buenos Aires guarda en un depósito diez toneladas de pilas usadas, recolectadas durante una campaña llevada a cabo el año pasado, pero no pudo resolver todavía qué hacer con ellas debido a la ausencia de una normativa que se ocupe de esta clase de residuos peligrosos. Una de las opciones es que sean los propios fabricantes, bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor, quienes se hagan cargo de su tratamiento y disposición final.La apertura del encuentro, que tuvo como título “Gestión y Disposición Final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, estuvo a cargo de Lisandro Ferrali y Claudia García, presidente y directora del Ente Único Regulador respectivamente. “Los aparatos electrónicos se vuelven obsoletos con mayor rapidez que años atrás y no existe una normativa específica que regule su disposición final. Asimismo, se impone un cambio de cultura ciudadana en lo que respecta al desecho de estos residuos peligrosos“, argumentó García en su presentación.Según  datos del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires sacan a la vereda más de 573 kilos de equipos electrónicos en desuso todos los días, como computadoras, celulares, equipos de música, baterías. Pero el problema no radica solamente en la cantidad de residuos sino en la peligrosidad de los mismos, ya que estos desechos contienen plomo, cromo, cadmio, níquel y mercurio. Nuestro  país no cuenta con  una legislación que oriente sobre el manejo de estos residuos y aún hoy, conociendo su peligrosidad, se arrojan como cualquier otro residuo domiciliario atentando contra el medio ambiente y la salud.