Sociedad

Sin documentos

Un informe sostiene que en 2011, en las principales ciudades del país unos 168 mil menores se encuentran indocumentados. La situación más crítica se encuentra en el grupo de los niños de 0 a 4 años, donde el 2,3% no cuenta con DNI.

Según el informe “Los indocumentados en Argentina. La cara invisible de la pobreza” elaborado por el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y la ONG Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp) se estima que en la Argentina urbana de 2011; 1,4% de los niños y niñas argentinos entre 0 y 17 años carece de DNI (unos 168.000 chicos).

La situación más crítica se encuentra en el grupo de los niños de 0 a 4 años, donde 2,3% no cuenta con DNI. Una carencia que los convierte en ciudadanos de “segunda” con dificultad para educarse, para trabajar o para atenderse en un médico.

“Fui alguien por primera vez… a todo el que venía le decía “mirá el documento”… es algo que me había costado mucho y lo pude tener… es una alegría muy grande, porque que te digan que no tenés documento, que no existís, que sos un NN, es muy triste, muy doloroso” cuenta Mabel, una mujer adulta que recién obtuvo su primer DNI a los 38 años.

El primer paso para poder obtener el documento nacional de identidad es el registro del nacimiento del niño. A nivel regional, según datos de UNICEF, en 2011 10% de los nacimientos de niños y niñas menores de 5 años no eran registrados en América Latina. De acuerdo a la legislación argentina, la inscripción del nacimiento debe realizarse dentro de los cuarenta días posteriores al nacimiento ante los Registros Civiles de las distintas jurisdicciones. Allí se les asigna un número único de identificación de cada persona, que figura en cada acta de nacimiento y que será el de su documento de identidad. Pasados los 40 días del recién nacido, la inscripción está fuera del plazo legal y los padres pueden realizarla hasta los 12 años de edad del niño/a, con dos testigos que acrediten el vínculo, una vez vencido ese plazo, es únicamente un juez quien debe autorizar dicha inscripción.

Este trámite judicial se realiza con la intervención de un abogado y debe iniciarse ante la Justicia Civil (Tribunales de Familia) competente. En muchas ocasiones los ámbitos judiciales donde se inician las causas de personas indocumentadas se encuentran desbordados por la multiplicidad de causas y demandas que deben atender, como casos de alimentos, violencia, etc. Por lo tanto, quienes inician el largo y burocrático juicio de inscripción y no cuentan con el asesoramiento necesario, se encuentran con trabas en el proceso judicial, lo que conlleva a que muchos desistan y abandonen el juicio antes de su finalización.

Mabel, una de las personas entrevistadas por el estudio de la UCA y el Iadepp, no fue inscripta al nacer y tampoco realizó este trámite con sus hijos. Según relata: “Mi marido es muy quedado, y es analfabeto… Fuimos a San Isidro a anotarla a ella y a él cuando le cierran una puerta, ya se rinde… no es de golpear puertas (…) fuimos con el papá a anotarla con el papelito que me habían dado en la maternidad y me decía ‘no, venga mañana, ya es tarde’. Íbamos al otro día, iba ya yo sola porque él no podía faltar al trabajo, y me decían ‘no, señora tiene que venir la semana que viene’ y así nos tuvieron y bueno… fui con él de vuelta la otra semana y me dice ‘señora fue ayer… ‘ y después el padre es una persona que se rindió y no quiso ir más…”

Además de estas barreras administrativas, otro de los motivos que llevan a los padres a no inscribir a sus hijos son los costos de desplazamiento, el tiempo y la planificación que el trámite requiere. En el caso de Mónica, ir a anotar a sus hijos significaba un “día perdido” en su trabajo, ya que no podía dejar de trabajar por un día para ir a anotar a sus hijos. “Yo siempre tenía la prioridad de trabajar primero y después los trámites, porque yo estaba sola y si no trabajaba -yo trabajaba en casa de familia- si no trabajaba, ellos no comían…”

Los indocumentados en Argentina forman parte de una población que se encuentra excluida del resto de la sociedad y que vive en un contexto diario de discriminación. El hecho de carecer de todo tipo de identidad legal significa que esas personas no existen para el Estado, situación que agrava y perpetúa las condiciones de pobreza y precariedad.

De hecho, son los niños de los estratos sociales más bajos quienes tienen mayores probabilidades de no tener DNI: un niño del estrato más bajo tiene 2,5 veces más posibilidades de no tener DNI que un par en el estrato medio alto. Asimismo, tomando como parámetro el lugar de residencia, quienes viven en villas o asentamientos urbanos tienen mayores probabilidades de carecer de DNI en relación a sus pares de áreas de urbanización formal (2,2% frente a 1%). Al analizar los datos según el tipo de hogar, los niños que viven en hogares monoparentales y cuyas madres no han terminado la escuela secundaria registran más posibilidades de no tener documento.

Como destaca el informe de la UCA y Iadepp, la carencia de DNI vulnera el derecho a la identidad, reconocido expresamente en varios instrumentos jurídicos, como la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2006. Esta norma, a su vez recoge elementos de la Convención internacional de los Derechos del Niño, firmada en 1989 y de la cual Argentina es Estado parte. La inscripción adecuada y oportuna de los nacimientos, cuya magnitud y repercusión para la vida futura de las personas es muchas veces ignorada, es de vital importancia para que luego se puedan cumplir otros derechos reconocidos en el marco normativo.

Fuente: UCA