La Comisión por la Memoria participó de la audiencia pública en el Congreso Nacional bajo la consigna “No a la baja de edad de imputabilidad”.
La última audiencia pública realizada en el Anexo del Congreso Nacional fue organizada por el espacio “No a la Baja” con la participación de la Comisión por la Memoria y un amplio espectro de organizaciones sociales y políticas: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Serpaj, CEPOC, CTA, Proyecto Sur, Frente para la Victoria, GEN, universidades y militantes sociales, entre otros.
El dictamen de mayoría elaborado en Diputados durante 2010 mantiene la edad actual de punibilidad en los 16 años. En el mismo sentido, la Comisión por la Memoria expresa su absoluto rechazo a la baja de edad de imputabilidad. Según ellos: “Las tareas de monitoreo periódicas sobre el sistema penal juvenil de la provincia nos permiten sostener: La insuficiente institucionalidad del Sistema de Promoción y Protección de Derechos; La inadecuación de las instituciones penales a los estándares de DDHH y del niño; La impune y brutal violencia policial sobre niños y adolescentes pobres, el reclutamiento para la comisión de delitos, las amenazas, detenciones arbitrarias y golpes recurrentes; Las limitaciones del acceso a la justicia para las víctimas de malos tratos y torturas”.
“La ausencia de propuestas institucionales de calidad y la impunidad policial alerta sobre la conveniencia de habilitar el ingreso de mayor cantidad de niños y adolescentes, cada vez más jóvenes, a un sistema que se reconoce colapsado y sin recursos materiales y humanos suficientes, que poco beneficio puede ofrecer para los procesos de responsabilización penal juvenil que se persigue en la doctrina”, indican y agregan que “bajar la edad de imputabilidad es sin dudas una decisión de política criminal, que en nada se vincula con pseudos teorías psicológicas sobre la madurez de los jóvenes o las infundadas aseveraciones de sentido común sobre como son los adolescentes ahora”.
Frente a esta situación consideran “Aún hay mucho por hacer en materia de derechos del niño. Empezar por el sistema penal, condicionando la imperiosa necesidad de sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil a que se baje la edad, representará un grave retroceso y ninguna solución”.
