En nuestro país, como sucede en la gran mayoría del planeta en el siglo XXI, existen más celulares que habitantes y como correlato, los servicios de telefonía móvil e internet se encuentran fuertemente monopolizados.

Telecom, Movistar y Claro hegemonizan, y también cartelizan, el servicio de telefonía móvil en nuestro país. Los servicios digitales en nuestro país tienen dos características muy marcadas: el servicio es ineficiente y las tarifas son exageradas.

Si la telefonía móvil e internet, herramientas tecnológicas indispensables para la conectividad en este tiempo histórico, y que debieran ser considerados un derecho humano esencial, no encuentran una férrea y fuerte regulación del Estado, los servicios que prestan y las tarifas que cobran, se encuentran única y exclusivamente reguladas por el mercado.

Y no hace falta hacer un ejercicio de análisis muy complejo para darse cuenta que la vocación del mercado es asegurar la rentabilidad de los accionistas de las empresas que controlan el servicio. Por esa sencilla razón, el servicio es todo lo malo que se pueda asegurar y las tarifas son todo lo caro que se puedan fijar.

El 80% de los argentinos, según el Indec, vive con menos de 28.500 pesos por mes. Aún peor, el 60% vive con menos de 17.900 pesos. Con ese dinero, los hogares de nuestro país deben asegurar el techo en el que viven, la comida con la que se alimentan, la ropa con la que se visten, el transporte que utilizan, y además la conectividad indispensable, en estos tiempos de pandemia, para asegurar la educación de sus hijos y de sus hijas.

Como se puede ver a las claras, la enorme mayoría de la población no puede dejar librado a las necesidades de rentabilidad de tres empresarios, un puñado de accionistas y un centenar de gerentes, el destino de las tarifas de un servicio esencial como es el que asegura la conectividad en nuestro país.

El DNU 690/20 que dictara el día viernes el Presidente Alberto Fernández, da el puntapié inicial para empezar a regular de una manera eficaz servicio y tarifas tanto de los servicios de internet, como de telefonía móvil. De igual modo lo hace con el servicio de cable, pero al quitarlo de la órbita de la ley de servicios de comunicación audiovisual, quizás no sea una muy buena noticia en lo que hace a sus contenidos, pero subordina el servicio a la regulación de los precios que se pagan.

En efecto, el decreto repone la designación de los servicios TIC como “servicio público en competencia”, clasifica a la telefonía móvil como “servicio público” y, consecuentemente, anuncia un plan básico universal y obligatorio en este segmento (el más masivo del mega sector infocomunicacional) y suspende los aumentos de las operadoras hasta fin de año.

Un pase adelante para regular un sector en el que siempre hay conflicto. Hay un conflicto silencioso y permanente de millones de usuarios contra tres empresas. Lo único que se modifica con el decreto es que el Estado dio un paso hacia adelante para meterse en esta pelea, pero del lado de los usuarios, es decir, de las mayorías.

De hecho, el decreto repone la declaración de servicio público que había sido eliminada por el gobierno de Mauricio Macri, que había decidido ubicar al Estado del lado de las empresas en el eterno conflicto contra los usuarios.

Por esa razón, las empresas deciden alzar la voz contra la decisión del gobierno. Siempre encuentran algún argumento con el que legitimar sus intereses, pero en el fondo, la discusión es siempre la misma. Quieren ganar mas plata a costa de que la enorme mayoría tenga menos plata en su bolsillo.

Las potentes voces que se alzan contra el decreto, encuentran como gran propalador a uno de los dueños principales de este negocio: el Grupo Clarin.

Propietario de Telecom Personal, Cablevisión, Fibertel y otras empresas que hegemonizan el sector. Es lógico que desde las tapas de sus diarios, los canales de televisión que desarrollan, los periodistas a quienes les cercenan el derecho a la libertad de expresión imponiendole la agenda informativa de la empresa y todo aquel bien tratado desde sus páginas, se oponga a una decisión apenas se la asume, aún así, intente perjudicar los intereses de la mayoría.

Es tan descabellado pensar que la necesidad de las empresas de aumentar tarifas tenga un fuerte respaldo social, como imaginar la brillante ilustración de la Revista Barcelona que imagina una movilización en la que se portan carteles que rezan “queremos pagar más caros los teléfonos” o “queremos un servicio de porquería”.

En última instancia, como señala el especialista y académico Martín Becerra “hay interpretaciones del DNU en claves económicas y políticas para todos los gustos, también futboleras (por el aumento anunciado del Pack Fútbol (?) o sobreestimando la “cuestión Clarín” (simplificadora en exceso). Pero que se discuta sobre las reglas de juego, extensión, cobertura y calidad de servicios que son esenciales para desarrollar condiciones de vida dignas, como los de comunicaciones, es importante. Fuera del alarmismo y las lógicas operetas, surgirán nuevas ideas y proyectos”.

En definitiva, el decreto apenas marca el comienzo de una tarea mucho más grande. La reglamentación que se disponga del ENACOM es la que permitirá tener tarifas justas, un servicio de calidad y acceso universal a la conectividad. Su actual presidente, como anterior director del organismo, acompañó con su firma las decisiones del gobierno anterior en la que se eliminaba el carácter de servicio público. Hoy respalda la decisión de Fernández, pero en voluntades tan cambiantes, será necesario que no se deje llevar por un puñado de operaciones y atienda la necesidad de la mayoría de los argentinos y las argentinas que no soportan mas tarifas impagables, y menos, por un servicio de baja calidad.