Cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reúna en septiembre próximo, el Gobierno nacional tendrá en la mira un objetivo particular: lograr que se apruebe, en sesión especial, la propuesta de creación de un sistema legal internacional para la reestructuración de deuda. La base de ese encuadre está en el documento aprobado por el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda del organismo multilateral, que contiene una serie de principios para limitar el accionar de los fondos buitre.

Ese entramado legal se inserta en el marco de lo que se conoce como “soft law” para la resolución de quiebras: el derecho soberano de los países de proponer soluciones sustentables, ad hoc, a los acreedores para que éstos las acepten, en su totalidad, si la propuesta tuviera el respaldo de una mayoría considerable.

La postura se contrapone a lo que rige en la actualidad en términos de soluciones privadas contractuales y que determina que los países se sometan a la jurisdicción judicial del lugar que emitió la deuda contraída. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con la Argentina, que no pudo convalidar su reestructuración de deuda a pesar de haber alcanzado niveles de acuerdo con un 92 por ciento de los acreedores.

Los principios fueron discutidos y elaborados a lo largo de seis meses, a partir de que la Asamblea General decidiera, en diciembre de 2014, avanzar con el mandato que hubiera sido votado en septiembre del mismo año, cuando los países de la ONU reconocieron –en una votación histórica– la necesidad de avanzar en la creación de un marco legal para la quiebra de los países.

Entre los puntos presentados a votación figuran: el derecho de los Estados soberanos para reestructurar su deuda; la inmunidad soberana; la buena fe; la transparencia; la imparcialidad; la igualdad de trato; la legitimidad; la sostenibilidad; y el respeto a la decisión mayoritaria de los procesos de reestructuración.

La tarea del Gobierno cuenta con un fuerte respaldo: 124 países miembros de la ONU votaron a favor de crear el marco legal, a pesar de las 41 abstenciones que se contabilizaron en septiembre de 2014, y apenas 11 países que se pronunciaron en contra, como Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Canadá, Israel, Australia, Finlandia, Hungría, Irlanda y la República Checa.

En la actualidad, sólo resta esperar para ver si las proporcionalidades se mantienen o algún país decide modificar su postura, y cómo será el proceso de adaptación de las legislaciones locales si el nuevo marco legal resulta aprobado.

El boliviano Sacha Llorenti Solís, titular del Comité que diseñó los principios, recordó que los 11 países que votaron en contra no habían apoyado la creación de la Comisión Ad Hoc y ostentan una proporción mayor de los votos en el Fondo Monetario lnternacional (FMI), que actualmente monopoliza los temas de deuda de países.

Por su parte, la representante de la Misión Argentina ante Naciones Unidas, María Cristina Perceval, puntualizó las «presiones» bilaterales que ejercen esos países sobre otros más pequeños y sobre Europa, con el objeto de frenar el nuevo sistema. Asimismo, hizo referencia sobre el rol activo de Rusia, Turquía y Nueva Zelanda, que suscribieron a la propuesta del G77 más China, ayudando a inclinar la balanza hacia los nuevos principios.

El economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, férreo defensor de un nuevo sistema de quiebras de países, dijo al Comité que este control que hoy ostenta del FMI representa un conflicto de intereses. «El FMI es una institución de acreedores, no le pedís al Citibank el diseño de la ley de quiebras en Estados Unidos», dijo Stiglitz y remarcó: «Necesitamos una ley de bancarrota justa, una ley de quiebras eficiente, y las leyes de bancarrota que salen de los acreedores no son ni justas ni eficientes.»

Stiglitz también se refirió a Grecia y a la Argentina como ejemplos recientes de países que han sufrido a causa de los marcos inadecuados para la reestructuración de la deuda.

En tanto, Richard Kozul-Wright, director de estrategias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), describió la decisión del Comité como un paso importante que la UNCTAD había venido defendiendo en los últimos 30 años, y no había podido instalar en el seno de Naciones Unidas este problema.

Por último, estos principios refuerzan y complementan iniciativas que recientemente se dieron en Europa, como una nueva Ley en Bruselas que frena el accionar de fondos buitre, así como el nuevo documento votado por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales para futuras emisiones de deuda, y que comenzó a regir hace casi un año, que expone nuevas Cláusulas de Acción Colectiva con refuerzos en las mayorías y donde se expone específicamente una definición contraria a la interpretación del juez Tomas Griesa sobre el «pari passu» con los acreedores, existente en los contratos de deuda.