Era un lunes abrasador de diciembre. A 850 km de Buenos Aires, en Pinto, Santiago del Estero, bajo el impiadoso sol de la siesta, un camión que transportaba 40 novillos se cruza en el camino de un tren de carga y es embestido dramáticamente.

Una gran cantidad de vecinos del lugar se acercaron y rápidamente improvisaron una violenta faena de los 40 novillos. Sangre regada en el calor de Santiago, allí donde la última indicación estadística, hablaba de un 50% de pobres. 

Era jueves –también de diciembre-, y la imagen mostraba fuego desde las ventanas de la casa de gobierno en una localidad distante a 1300 km de la centralidad porteña. La palabra “traidores” pintada en una pared, como expresión del sentimiento de un nutrido grupo de manifestantes hacia una dirigencia política que había traicionado su mandato electoral.

Las postales, alejadas de los medios hegemónicos de comunicación, son una parte de la cotidiana existencia de la Argentina real, aquella que paga 1200 pesos un kilogramo de nalga en una carnicería o que anda bastante cansada del discurso lavado que le habla de inversiones externas, exportaciones y dólares, allí donde hay saqueo y explotación de los recursos.

No sucedieron en la previa a aquel argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Sucedieron a 20 años de aquella rebelión popular que marcó nuestra historia reciente. Justo cuando la política debiera reflexionar y balancear sobre aquel grito que pretendía poner fin al neoliberalismo y redefinir el cauce de una democracia que volaba por los aires, las postales de aquel entonces, vuelven a retumbar en un silencio fabricado entre tanto ruido.

No sorprende el silencio de los grupos económicos que controlan el mapa de la comunicación en la Argentina, sorprende el silencio y la mirada cándida ante el dolor social de la mayoría de nuestro pueblo, por parte de una generación de dirigentes políticos que nacieron como testigos directos de aquellas jornadas que marcaron a fuego y prologaron el surgimiento de la época conducida por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. 

Los problemas de la política

Con fuerte cobertura mediática, en el corazón de Buenos Aires, allí donde se pretende el kilómetro 0, se desarrolló una extensa convocatoria de la Cámara de Diputados que intentaba darle media sanción a la ley de presupuesto nacional para el año 2022.

La sesión se prolongó hasta la mañana de ayer. Luego de extendidas negociaciones que sólo conocen sus protagonistas, el proyecto de ley se frustró ante el rechazo de todas las fuerzas electorales con representación legislativa que se enrolan en la oposición al gobierno nacional.

Cada uno por sus razones, de derecha a izquierda, se opusieron a la ley de presupuesto y frustraron su aprobación legislativa.

El presupuesto estaba plagado de inconsistencias. En algunos casos, como en el caso del presupuesto previsto para el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, popularmente conocido como Vivienda, pasaba de 120.000 millones de pesos previstos en el 2021 a 180.000 millones de pesos para el año 2022. Es decir, un 50% más anualizado, con una inflación que alcanzará mas del 50% y con una risueña previsión del 33% para el año próximo. Es decir, un ajuste.

En el mismo presupuesto de vivienda, las inconsistencias entre discurso y números se hacen más brutales cuando se cotejan metas y previsiones económicas.

“Las metas proyectadas del PROCREAR pasan de 1.000 viviendas terminadas a 9.510, es decir, un aumento de casi 1000%. Sin embargo, los programas de “Apoyo a la Ejecución del PRO.CRE.AR” y de “Apoyo Financiero al PRO.CRE.AR Mejoramientos Sustentables” se reducen en un 43,7% y 38,8%, respectivamente” señala en un informe la Asociación Civil ACIJ.

Es decir, se fija como meta aumentar 1000% las viviendas terminadas, pero se ajusta el presupuesto en un 40% promedio para el ProCreAr.

En cuanto a las viviendas para los barrios populares del Ministerio de Desarrollo Social, el informe señala que “En el presupuesto proyectado para 2022 se prevé una reducción del 27% para el Programa destinado a la Integración Socio Urbana de Barrios Populares, del Ministerio de Desarrollo Social” y aclara que si se observa que para el 2022 no se contará con los fondos de la ley que imponía un aporte a las grandes fortunas, “se contempla una reducción del 63,12% con respecto al año en curso”, lo que significa un ajuste aún mayor.

Está claro que una política de estado dirigida a la construcción de vivienda, implica una movilización del mercado interno y una rápida recuperación del trabajo en los sectores populares, lo que constituye dos necesidades esenciales en un tiempo de crisis que se agrava con el inexorable paso del tiempo.

En este aspecto, como muestra un botón, el presupuesto que estaba proyectado para el 2022 habla más por sus números que por sus discursos.

Una charla con los que sí entienden

Ante la falta de oídos argentinos atentos al devenir de la rosca intramuros del palacio legislativo, una vez conocido el rechazo de la oposición al presupuesto, el presidente Alberto Fernández se conectó en una videoconferencia con Kristalina Goergieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a quien –entre sonrisas- le expresó la firme decisión del gobierno de avanzar en el acuerdo con el organismo de crédito.

“Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva” señaló Alberto Fernández en un twitter.

“Muy buena reunión con el presidente @alferdez sobre cómo avanzar en nuestro trabajo para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos. Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI” le respondió Kristalina, como gesto para avanzar en forma irrefrenable a un acuerdo que traerá un ciclo largo de ajuste económico sobre el bolsillo de las mayorías populares.

En la Argentina real, cuando esta edición se estaba cerrando, una nueva movilización bloqueaba por completo la autopista Dellepiane en reclamo de justicia por el joven Brandon Ruiz Díaz, asesinado por la policía a principio de mes. Fueron desalojados por personal policial, igual que sucedió el día de la democracia en Miramar, cuando familiares reclamaban por el asesinato de Luciano Olivera.

Era la tarde de un viernes de diciembre. Ahí donde habían asesinado a un joven hace un mes, se ordenaba el desalojo de la tierra. Allí donde puesteros tomaban una ruta en Corrientes, se ordenaba un desalojo.

Sin muchas noticias del presupuesto pero con el dolor social en carne viva, en nuestro país se siguen acortando los días hasta un nuevo aniversario de aquel 20 de diciembre de 2001.