Sergio Chodos es el representante argentino ante el FMI, y no a la inversa. En teoría, su intervención política nace del mandato que le otorga el país para representar los intereses nacionales ante el organismo multilateral de crédito que opera como rebenque para los intereses soberanos de las naciones del mundo.

Con menos romance, pero más aproximado a los límites de su competencia pública, Chodos es quien aproxima información que Guzmán esconde en palabras carentes de la mínima estridencia. Sin dar muchas vueltas, Chodos señaló que el tipo de cambio, la política tributaria y la expansión presupuestaria están en discusión con el FMI.

«No hay un problema con el tipo de cambio, en todo caso con la brecha. Los controles se irán aflojando cuando la situación se normalice, dentro de bastante tiempo” sostuvo en declaraciones radiales hace muy pocos días, y adelantó que «El FMI exige un recorte del déficit fiscal, la emisión y la inflación, pero el programa será sin recesión. Está claro que debería estar finalizado a más tardar en marzo 2022″.

Sus palabras tuvieron lugar apenas 24 horas después que Mauricio Macri reconociera públicamente, y sin medias tintas, que el préstamo del FMI se lo dio a los Bancos Comerciales porque se querían ir del país. Básicamente, sostuvo que la plata prestada por el FMI fue fugada de la Argentina por un puñado de bancos privados.

Esa verdad que reconoció Mauricio Macri, que fue señalada por el Banco Central de la República Argentina en los albores del mandato de Alberto Fernández y que fuera denunciada en el mismo instante en que fue presentado el acuerdo con el FMI por parte del ex presidente de la Argentina por la fuerza política hoy gobernante, parece no conmover ni un poquito el ritmo de una negociación que amenaza con condenar a las mayorías populares a pagar una descomunal estafa perpetrada en su contra.

Lo preocupante de las palabras de Chodos, y su continuidad en el cargo tras pronunciarlas, es que deja en claro que los actuales funcionarios ocupados de la negociación con el FMI están convencidos que su mandato nace de la voluntad popular explicada en las urnas, y que los depositara en funciones de gobierno en nombre de una fuerza política que, demás está decir, rechazó el préstamo desde mucho antes que fuera ingresado al país.

Las tergiversaciones sobre los contratos electorales, son el fundamento propio de las crisis de representación política, son el factor que suprime cualquier intento de sorpresa frente al ausentismo electoral que marca el ritmo de desapego social con la dinámica de ejecución de la política pública en el país.

Semejante apatía social, como aquella que reflejaran los indicadores de las PASO, debieran convocar a una reflexión más profunda sobre el sentido propio de la representación popular. Al menos, a la hora de encarar una negociación que puede condenar el destino de la mayoría de éste país por las próximas dos décadas.

El avance de las negociaciones

Los éxitos o fracasos parciales no se miden por la estatura de los discursos, aunque las posiciones de los contendientes de una negociación, marcan nítidamente cuántos casilleros ganaron o perdieron en el camino de la refriega.

En el mes de febrero de 2020, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una discusión pública con el organismo multilateral de crédito, ello, tras reclamar una quita considerable en la deuda que mantiene la Argentina.

Cristina sostuvo el 8 de febrero del año pasado que «por lo menos (el Fondo Monetario Internacional) debería establecer una quita sustancial porque hizo un préstamo por fuera de la historia del FMI, comprometiendo el 60 por ciento de la capacidad prestable del organismo y se hizo violando obligaciones que tiene el propio Fondo».

La respuesta se demoró 48 horas, y llegó de la mano del vocero del organismo Gerry Rice quien, sin ningún tipo de investigación previa, sostuvo que el organismo «no violó sus estatutos al prestarle dinero a Mauricio Macri» y que por eso «no pueden aceptar una quita de la deuda».

Cristina le volvió a responder el 13 de febrero, y en una serie de tuits sostuvo: «Yo me pregunto, cuando dicen ‘no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas’. ¿Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?”

Mas allá del oportuno debate, en la actualidad, Gerry Rice cenaba sentado a la izquierda de Martín Guzmán, quien compartía su diestra con la Reina Máxima de Holanda, mientras un vino blanco regaba las copas de los comensales. No surge en la crónica de Román Lejtman, pero seguramente no se debatía una eventual quita sobre el capital y los intereses adeudados, reivindicación que, como la denuncia penal que se lanzara tras la investigación del BCRA, parece haber quedado en la desmemoria dirigencial.

Así lo refleja la entrevista de Chodos. Lejos está la Argentina de tener voluntad de reeditar un planteo que implique la exigencia de la revisión del destino de los fondos, tampoco una quita. No está cerca la Argentina de lograr una mejora sustancial para el destino de su economía, muy por el contrario, apenas acomoda con tecnócratas del organismo los programas futuros que condicionaran el destino del país.

Sostuvo Chodos que “se está discutiendo el formato de programa que tiene que haber para que los fondos del nuevo programa vayan a financiar los vencimientos del programa anterior”. Explicó que el FMI, “técnicamente, no tiene las lógicas modernas, entonces no hay refinanciación y tampoco técnicamente hay default; vos tenés un nuevo financiamiento para pagar los vencimientos existentes. En el nuevo financiamiento tenés que tener un cronograma y un programa atrás que lo sustente”.

“Los programas del FMI pueden contribuir a mejorar transitoriamente el balance de pagos, ese es su principal objetivo, pero a costa de empeorar la producción, el ingreso y el empleo, y de aumentar la deuda externa y la fuga de capitales. Cuando estos programas se aplican reiterada o permanentemente, como en la Argentina entre 1982 y 2001, dejan heridas profundas en el tejido económico, social e institucional” sostuvo en forma reciente la doctora en economía Noemí Brenta.

Una advertencia necesaria de cara al devenir inmediato de la vida política argentina.