Vecinos del barrio tomado La Movediza, en Tandil, resisten el desalojo ordenado por el intendente radical Miguel Lunghi de los terrenos destinados al Plan Federal de Viviendas. Denuncian que el espacio fue cedido por el hijo y secretario del Jefe comunal. El lunes, la policía ingresó a una de las 65 viviendas tomadas y sacó “a patadas” a una familia peruana, según informó uno de los voceros de la Comisión de Toma y Posesión de La Movediza, Osvaldo Mastrojuan, al tiempo que indicó que otras personas recibieron intimaciones judiciales para dejar el predio.“No vamos a permitir un desalojo más, todo lo que ocurra a partir de ahora será únicamente responsabilidad del Intendente”, advirtió Mastrojuan, tras lo cual los integrantes de la comisión tomaron el Centro Integrador Comunitario de La Movediza hasta ser atendidos por Lunghi.Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Diéguez, anticipó que el desalojo se trató de la primera decisión judicial en el marco de la toma de La Movediza. Explicó que se trata de “dos terrenos del Plan Familia Propietaria, destinados al Plan Federal, donde se estaba ocupando y construyendo ilegalmente”.Sin embargo, una de las mujeres que ocupan el terreno, identificada como María Estela Maldonado, aseguró que el hijo del intendente fue quien avaló la toma. Reveló que esas tierras estaban abandonadas y que, asesorada por una abogada, decidió ocupar una de las viviendas. “Me reuní con Lunghi hijo y le conté cuál era mi situación y qué pensaba hacer y él mi dijo que sí, que no había problemas, que mantuviera el terreno limpio, que parquizara y que pusiera algunas plantitas”, aseguró Maldonado en una carta que le envió a la Presidenta de la Nación. Agregó que el secretario del jefe comunal le preguntó qué iba a hacer y ella le dijo que construiría una “pequeña casita porque más no podía”, a lo que él le dio el visto bueno.Asimismo, Mastrojuan señaló que en abril el subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, visitó los terrenos y aseguró que “traía soluciones económicas y técnicas para trabajar sobre la construcción del Plan Federal, pero que la cuestión social la tenía que resolver el Municipio sin desalojar a una sola familia, esto último Lunghi lo ha desoído”. Al respecto, Diéguez indicó que la comuna había entregado esos terrenos a la empresa constructora Málaga para que de continuidad al Plan Federal de Viviendas, pero estas familias se anticiparon mediante la toma. “El municipio es denunciante de la ocupación de los lotes”, aseveró el funcionario. Por su parte, el diputado nacional por «Nuevo Encuentro», Ariel Basteiro, responsabilizó a Lunghi por los desalojos y lo acusó de perseguir un rédito político con la decisión. “Lamento que la gestión municipal, en vez de tratar de resolver el panorama de estas familias en situación casi de calle, con necesidades básicas, utilicen el camino de la denuncia y el pedido de desalojo”, señaló el legislador ante una radio local. Basteiro denunció una connivencia entre el jefe  comunal  la Justicia local para acelerar el desplazamiento de personas cadenciadas.En ese sentido, el diputado también elevó una carta a Cristina Fernández de Kirchner para intervenir en el conflicto, al tiempo que remarcó que la Nación había iniciado “la tramitación para cerrar el proceso” y que no pudo avanzar más por “la falta de voluntad del intendente Lunghi”. La administración radical -opinó Basteiro- «busca politizar y llevar la situación a una puja entre Nación y municipio, tratando de encontrar un rédito político sin darse cuenta que en el medio hay chicos, familias y mujeres, es lamentable». En julio, la Comisión de Toma y Posesión emitió un comunicado por el cual ratificaron su decisión de permanecer en el asentamiento y exigieron la regularización dominial “por haber terminado las viviendas” con sus recursos “y haber edificado sobre los lotes tomados”. “Además solicitamos a las autoridades que gestionen ante los organismos pertinentes, la obtención de los servicios básicos, (luz y agua) amparándonos como antecedente en el histórico  fallo del Dr. Blanc respecto al  recurso presentado por el defensor oficial  Dr. Araujo (caso  SMATA), y también por considerar que los mencionados servicios hacen a la salubridad de nuestras familias”, concluyó el comunicado.