El Gobierno de Javier Milei dispuso otorgar un bono salarial a los funcionarios del Poder Ejecutivo que reduzcan personal.

Se trata dde una cruel medida que generó una nueva polémica con los gremios del sector público, en especial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que adelantó su rechazo.

La Decisión Administrativa 7/2025, establece beneficios salariales adicionales para los funcionarios que logren disminuir su dotación de personal. La medida fue firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo.

En el artículo 5°, el texto oficial precisa que las “unidades retributivas adicionales” serán otorgadas “en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”. El plus será para las “autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores”, es decir, a los funcionarios políticos.

El Gobierno justificó la medida a la que definió como una forma de “otorgar suplementos extraordinarios fundados en indicadores objetivos de productividad”.

La unidad retributiva (UR) es una de las medidas de valor que se utilizan en el Estado para definir algunos aspectos de la política salarial del sector público. El cálculo del adicional incluye el valor de cada UR, la UR adicionales que percibirá cada área y jurisdicción, la baja de la dotación entre 2023 y 2024, y 6% del salario promedio estimado del empleado público (SINEP).

El otorgamiento del suplemento estará supervisado por el Ministerio de Desregulación y organismos técnicos del Ministerio de Economía. En el anexo de la normativa, se indica la cantidad de recursos que percibirá cada miembro que integra el Poder Ejecutivo, como piso, para repartir entre las autoridades de su área.

Al respecto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó ayer un paro en reclamo de recomposiciones salariales y contra los despidos, pero ya anunció una nueva medida de fuerza para abril: será de 36 horas.

Desde el gremio precisaron que “promedió un 90% de adhesión en todo el país”, respecto a la medida de fuerza del jueves.

El 31 de marzo finalizan 50 mil vínculos laborales en el Estado y el sindicato exige la renovación automática y anual de la totalidad de los mismos.

Cabe recordar que durante el 2024, las paritarias quedaron 44,4% por debajo de la inflación y la tendencia continúa durante el 2025, con 1,5% y 1,2% en enero y febrero. La negociación pasó a cuarto intermedio sin llamado a una nueva convocatoria para discutir los incrementos de marzo.

Nuevo paro

Además, el sindicato definió mediante votación que se realizará un nuevo paro de 36 horas que comenzará el mediodía del miércoles 9 de abril y se extenderá hasta la medianoche del jueves 10.

El jueves será el paro general convocado por la CGT y las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores). ATE forma parte de la CTA A.

Este anuncio llegó también cuando se conoció que el Gobierno ofrece bonos para los jefes de la administración pública que despidan trabajadores y se traduzca en un recorte del presupuesto.