La primera y más notoria es que Colombia es una democracia. La segunda es que el régimen de Santos persigue políticas que realzan la actividad social y política no violenta propicia para la integración de la insurgencia armada en el sistema político. Hay pruebas suficientes para poner en duda ambas suposiciones. En las últimas dos décadas y media casi tres mil dirigentes y activistas sindicales han sido asesinados; más de 4,5 millones de campesinos han sido despojados y desplazados por las fuerzas militares y paramilitares; y más de nueve mil presos políticos están detenidos indefinidamente por participar en actividades socio-políticas no violentas. Además, montones de abogados, activistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados.                       La gran mayoría de las víctimas son el resultado de la represión militar y policial dirigida por el régimen o de los escuadrones de la muerte paramilitares aliados con los militares y dirigentes políticos pro-gubernamentales.                       La escala y el alcance de la violencia del régimen contra la oposición social se opone a cualquier idea de que Colombia es una democracia: las elecciones llevadas a cabo bajo el terror generalizado y cuyos autores están aliados con el Estado y actúan con impunidad, no tienen legitimidad. La reelección del presidente Santos y la convocatoria a las negociaciones de paz con las FARC para poner fin a la guerra civil más larga de América Latina es sin duda un paso positivo hacia el fin del derramamiento de sangre y proporcionan la base para una transición a la democracia.                       Si bien el régimen de Santos ha puesto fin al régimen de terror estatal masivo de su predecesor, Álvaro Uribe, respaldado por EE.UU; los asesinatos políticos siguen ocurriendo y los autores siguen actuando con impunidad.                       Para que cualquier proceso de paz culmine con éxito, los acuerdos de paz, consensuados por ambas partes, deben ser implementados de manera efectiva. Acuerdos anteriores acabaron en masacres estatales hacia guerrilleros desmovilizados, activistas de la sociedad civil y representantes políticos electos.                       Las negociaciones de paz han procedido por dos años y se han llegado a importantes acuerdos en una serie de áreas vitales de interés mutuo. En particular, ambas partes han firmado 3 de 5 puntos de la agenda de la paz: el desarrollo de las zonas rurales, la participación de la guerrilla en la política, la política en materia de tráfico de drogas. Las negociaciones actuales se centran en la polémica «justicia de transición» para las víctimas del conflicto. La mayoría de los grupos de derechos humanos y los expertos coinciden en que la gran mayoría de las víctimas son el resultado de la represión militar y paramilitar. Sin embargo, el régimen de Santos y sus partidarios en los medios de comunicación afirman lo contrario: culpan a las FARC. El régimen de Santos ha rechazado tres veces las ofertas de alto el fuego de las FARC que han seguido adelante y las implementaron unilateralmente. El régimen ha optado por continuar la guerra en Colombia, mientras negocia en La Habana. El lapso de tiempo de dos años de las negociaciones de paz ofrece una visión profunda de la viabilidad de los acuerdos de paz firmados en La Habana. Los grupos de derechos humanos internacionales y colombianos y los movimientos sociales proporcionan informes oportunos sobre el alcance y la profundidad de las violaciones en curso de los derechos políticos y humanos en Colombia durante las negociaciones de paz.                                              A la vista de la falta de voluntad del gobierno del Santos de reducir la complicidad de los militares, la policía y los escuadrones de la muerte en el asesinato de activistas campesinos durante las negociaciones de paz, ¿puede el régimen ser confiable para poner en práctica el acuerdo sobre «desarrollo rural»? ¿Puede el gobierno garantizar la seguridad de los guerrilleros desarmados para entrar en el sistema político, cuando más de un centenar de activistas de derechos humanos recibieron amenazas de muerte en septiembre de 2014?                       Según Amnistía Internacional, durante el año 2013, setenta defensores de derechos humanos fueron asesinados, incluyendo líderes indígenas y afro-colombianos y veintisiete miembros de sindicatos. Por lo menos cuarenta y ocho homicidios fueron cometidos por las unidades militares. Comandantes militares fueron involucrados en «falsos positivos», es decir, civiles asesinados falsamente etiquetados por los militares como «insurgentes armados». Las ejecuciones extrajudiciales por parte de militares continúan bajo el régimen de Santos.                       De igual manera, Santos no ha podido disolver los escuadrones de la muerte paramilitares. Como resultado, el régimen no protege a los reclamantes de tierras. Los campesinos y agricultores desposeídos que tratan de reubicar sus tierras bajo la «Ley de Restitución de Tierras» de Santos han sido amenazados o asesinados por bandas paramilitares. Como resultado, la Ley tiene un efecto prácticamente nulo sobre el reasentamiento de campesinos a causa de las represalias de los propietarios.                       De hecho, el número de desposeídos se ha incrementado de acuerdo con las Naciones Unidas: 55.157 colombianos, en su mayoría rurales, huyeron de sus hogares entre enero y octubre de 2013, debido a la guerra entre bandas paramilitares y narcotraficantes. La inseguridad generalizada que gobierna el campo, los asesinatos, las desapariciones y el encarcelamiento de activistas sociales, que acompaña a las negociaciones de paz, pone en tela de juicio los «acuerdos» alcanzados hasta ahora entre las FARC y el régimen de Santos. Los partidarios del régimen argumentan que el número de asesinatos de Estado ha disminuido en los últimos tres años. Los críticos contrarrestan que la relativamente menor cantidad de asesinatos tiene el mismo efecto en la generación de miedo, lo que socava la participación ciudadana y la transición a un sistema político democrático.                       Toda la concepción de un proceso de paz exitoso se basa en el supuesto de que los acuerdos darán lugar a las garantías constitucionales de la participación libre y democrática ciudadana. Sin embargo, durante todo el período de dos años, el régimen no ha demostrado un compromiso claro y consecuente con los derechos elementales. Si ese es el caso, durante las negociaciones con la insurgencia popular, todavía activa y armada, ¿cuánto peor se tornará una vez que los militares, la policía y los paramilitares estén libres de cualquier represalia, cuándo tengan la mano libre para intimidar y matar a los desarmado disidentes políticos que intenten competir en las elecciones locales o nacionales?                       El régimen de Santos parece haber adoptado una estrategia de dos puntas: combinando la represión violenta a los movimientos sociales en Colombia, mientras que la adopta un lenguaje de paz, justicia y reconciliación en la mesa de la paz en La Habana.                       Santos puede prometer aceptar muchos cambios democráticos, pero su práctica durante los últimos dos años habla de un régimen sin ley, autoritario, comprometido con el mantenimiento del statu quo.                       El régimen de Santos tiene tres objetivos estratégicos: desarmar a la insurgencia popular; recuperar el control sobre el territorio bajo control insurgente; y debilitar y socavar los movimientos sociales populares y grupos de derechos humanos que puedan formar alianzas políticas con los insurgentes cuando y si se convierten en parte del sistema político.                       Es dudoso que las FARC entreguen sus armas en un clima político en el que los asesinos paramilitares operan con impunidad; los comandantes militares todavía implican a «falsos positivos»; y los proyectos de desarrollo rural son inoperantes debido a tácticas de terror de los terratenientes.                       A menos que los acuerdos de paz se acompañan de cambios fundamentales en las fuerzas armadas; a menos que las fuerzas paramilitares se desmovilicen de manera efectiva; a menos que el gobierno reconozca la legitimidad de las demandas de los movimientos sociales masivos y de los grupos de derechos humanos de que se acepte una Asamblea Constituyente libremente elegida, el proceso de paz va a terminar en fracaso.   El presidente Santos es capaz de prometer las FARC cualquier tipo de «reformas democráticas» y está dispuesto a firmar acuerdos antidrogas e incluso de «desarrollo agrario». Pero lo que él no está dispuesto a aceptar es el surgimiento de los movimientos campesinos de masas activamente comprometidos con el cambio en la tenencia de la tierra, la reposesión de sus tierras y la recuperación de millones de hectáreas de tierras concedidas a los grandes consorcios mineros de propiedad extranjera.          Lo que es claro es que el régimen de Santos no ha cumplido con las condiciones más elementales necesarias para poner en práctica cualquiera de los cinco puntos de reforma de la agenda establecida en La Habana. La impunidad militar, los escuadrones de la muerte arrasando, decenas de amenazas de muerte diarias a los activistas de derechos humanos, más de nueve mil presos políticos y decenas de asesinatos no resueltos de líderes campesinos no es compatible con una transición a una paz democrática. Son compatibles con la continuidad de un régimen oligárquico autoritario. Una transición democrática y un acuerdo de paz requiere un cambio fundamental en la cultura política y en las instituciones del Estado colombiano.

Fuente: Axis of Logia, EE.UU.Jueves, 06 de noviembre 2014