En representación de Beatriz Rial, madre de Mariano Ferreyra, los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino (del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS), calificaron de “instigador del crimen, tanto a José Pedraza como a Juan Carlos «Gallego» Fernández, al exponer en la primera audiencia de alegatos.

Los querellantes sostuvieron que Pedraza y su segundo «idearon un plan y articularon la convocatoria del grupo de choque» congregado por el delegado Pablo Díaz entre «otros delegados de los talleres de Remedios de Escalada», y que cometió el crimen.

Los abogados consideraron probado que el móvil fue “mantener la hegemonía política y económica a costa de los tercerizados”, ya que aunque en la protesta agredida no había más de 120 empleados en esa condición, su ingreso «les abría la puerta a otros 1.500 trabajadores» precarizados.

“La Unión Ferroviaria actuaba como una virtual gerencia de recursos humanos en el ferrocarril Roca”, por lo que la pretensión de los tercerizados de ingresar a la planta estable de la UGOFE (Unidad de gestión Ferroviaria) que administraba el ramal, “ponía en riesgo este sistema”.

La familia del joven militante del Partido Obrero, baleado cuando apoyaba esa protesta, ocupó hoy la primera audiencia de alegatos en este juicio con 17 acusados que se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal 21 en los tribunales de Comodoro Py, 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Además de Pedraza y Fernández, están siendo juzgados ocho integrantes de un “grupo de choque” que respondía al plan de la cúpula del gremio ferroviario y cometieron el asesinato y balearon a otros tres manifestantes, cuyos patrocinantes alegarán en la próxima audiencia.

También hay siete policías acusados de “abandono de persona”, entre ellos el comisario Hugo Lompizano, quien hoy presenció la audiencia en condición de detenido luego de haberse ausentado la semana por vacaciones.