La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica que obliga a crear un «marco jurídico multilateral para la reestructuración de la deuda soberana». Impulsada por los países del G77, y provocada por las agresivas demandas de los «fondos buitre» contra Argentina, esta resolución podría ser un elemento de cambio para el modo en que se gestionen las futuras crisis de deuda. Se ha cambiado el foro de debate político del Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia la ONU.
La votación de la UE estuvo dividida en esta decisión crucial. Es vergonzoso que un pequeño número de Estados miembros votaran en contra de la resolución, a pesar de que ésta podría proporcionar más protección a las naciones de la UE en crisis de endeudamiento.
Ciertamente, no es noticia que la falta de un marco jurídico para la reestructuración de la deuda soberana – un régimen de insolvencia del Estado – ha sido un enorme agujero en la arquitectura financiera internacional. La ‘salida del paso’ de la UE en la crisis del euro es el mejor ejemplo de que allí no hay procedimientos vinculantes y predecibles para hacer frente a las crisis de deuda. Sin embargo, los gobiernos de países tanto deudores como acreedores hasta ahora se han mostrado reacios a poner su peso político tras cualquier iniciativa significativa. Incluso la crisis financiera mundial no ha conducido a nada concreto desde 2008.
Las campañas de la sociedad civil mantuvieron encendida la llama hasta que el tema fue recogido el año pasado por el personal de las organizaciones internacionales, cuando el Fondo Monetario Internacional publicó un reporte, y la ONU creó grupos de expertos en »nuevos mecanismos de renegociación de la deuda» en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y en el Departamento de Asuntos económicos y Sociales de la ONU (DESA).
Luego vino la casi surreal demanda del fondo buitre NML Capital contra Argentina en un tribunal provincial del estado estadounidense de Nueva York. Los fondos buitre son fondos de cobertura depredadores que compran bonos de crisis de deuda de los países a precios bajísimos en el mercado secundario. Ellos se niegan a participar en las reestructuraciones de deuda. Luego demandan a la nación deudora por el pago total, con el objetivo de conseguir una oferta mucho mejor que los acreedores ‘colaboradores’ que acordaron cancelar una parte de sus créditos con el fin de mantener en pie al deudor. El juez estadounidense Thomas Griesa dictaminó que Argentina debe pagar a los buitres en su totalidad, garantizándoles una ganancia del 1,600% de su inversión, y una oferta mucho mejor que la que obtuvieron los otros acreedores.
Sin quererlo, también tiró el status quo a la basura. Todos los expertos coinciden en que las reestructuraciones de deuda como las solíamos conocer, que dependían de la participación voluntaria de los acreedores, simplemente no funcionan más si los acreedores no aceptantes pueden lograr el pago total a través de litigios. Las decisiones de reestructuración deben ser vinculantes para todos los acreedores y deben ser ejecutables, de ahí la necesidad de un marco jurídico multilateral.
La audaz jugada de Argentina de proponer una resolución de la Asamblea General de la ONU (AGNU) – y la movilización exitosa de todo el G77 incluyendo China – representa un gran avance político atrasado por mucho tiempo. Por último, una masa crítica de gobiernos está dispuesta a actuar. La resolución fue votada el 9 de septiembre de 2014, y fue aprobada por una amplia mayoría: 124 estados miembros de la ONU votaron a favor, 41 se abstuvieron y sólo 11 votaron en contra. La gran mayoría de los países de la UE se abstuvo. Hablando en nombre de la UE, Italia declaró que la razón principal era la rapidez de la iniciativa del G-77. Antes de la votación, una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil europea, incluyendo Eurodad, pidió a los gobiernos europeos votar a favor de la resolución. Esto puede haber contribuido a trasladar algunos votos europeos del «no» a la abstención.
La República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, y el Reino Unido votaron en contra. Esos seis países de la UE que votaron en contra de una resolución que podría detener el chantaje de los fondos buitre hacia los países deberían avergonzarse. Este continente es actualmente el más vulnerable a la crisis de deuda y se encuentra en la urgente necesidad de mejores regímenes de insolvencia. Los fondos buitre ya han comenzado a comprar préstamos incobrables en los países afectados por la crisis del euro, y si no se toman medidas podríamos ver una repetición del caso Argentina dentro de la UE. Bodo Ellmers Fuente: EurActiv, Union Europea
12 de septiembre de 2014
