Desde hace 40 días las Comunidades Wichíes del Departamento de Ramón Lista, Formosa, llevan a cabo cortes de ruta en el acceso al yacimiento petrolífero de Palmar Largo, Divisadero, Laguna Yema, Fraga y se siguen extendiendo día a día.
Todas las Comunidades están luchando por agua, luz, salud, justicia y tierras. Son cientos las personas muertas en los últimos por causas evitables relacionadas con la falta de atención de la salud y dicen basta.
Reclaman también por justicia por las muertes impunes. Acceso al servicio de luz, porque si bien para comprar alimentos deben pagar el IVA como todos, nunca tuvieron acceso a este servicio y mientras en otros lugares del país es noticia los cortes, esta situación en ese lugar como la padecen indígenas es totalmente silenciada y naturalizada. No acceden a ninguno de los servicios del estado, que por su parte si extrae las riquezas de los territorios nativos dejando solo miseria y enfermedades a quienes tienen su vida en esos lugares.
Han intentado dar aviso a los medios para que se hagan eco, no lo han conseguido, también a la Defensoría del Pueblo y tampoco se hace presente. Los medios de Formosa han publicado sobre el tema en sintonía con las amenazas de judicialización que lleva a cabo el Gobierno de Formosa y difamaciones absolutamente discriminatorias hacia quienes reclaman apuntando a destacar el derecho de unos como más demandable de quienes se ven en la situación de salir a reclamar de este modo porque los niños se les mueren por desnutrición y los ancianos de tuberculosis y chagas sin ser atendidos.
“Si van a demandar a los Wichíes por reclamar al Estado que dejen de violar derechos humanos e indígenas básicos, qué queda para los Gobernantes responsables. Es el colmo de la violación de todo derecho que aún sigan pretendiendo amenazarlos con eso quienes no respetan su deber de funcionarios al punto que cuesta la vida de tantos”, denuncian.
Las Comunidades exigen la presencia en el lugar de las autoridades de los Institutos Indígenas que debieran representarlos, nacional y provincial, y que por ahora solo representan a los Gobiernos, que no hacen más que mantener el exterminio que en un momento fue política de estado en Argentina y hoy como siempre sólo puede entenderse como genocidio, además de ser reconocidos quienes son objeto de ello por la Constitución, los Tratados Internacionales y los Derechos Humanos, agravando de tal modo el crimen de Estado en curso.
Fuente: Anred
